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Ahora vienen las chicanas jurídicas de Aras

 

Columna: GPS / Dominical

   Los problemas de Aras no comenzaron con la retirada masiva de inversionistas, como se ha pretendido hacer creer en público y privado, sino con los problemas de captación de recursos frescos; es decir, la llegada de nuevos incautos, lo cual impidió pagar los rendimientos altísimos prometidos. 

Es la historia de las pirámides de inversión, desde hace cuando menos 100 años cuando Charles Ponzi inauguró este tipo de mecanismos fraudulentos en Inglaterra, donde los inversionistas nuevos pagan a los viejos hasta que se desfonda y colapsa.

No existe ninguna razón para que la empresa haya incumplido a sus inversionistas en el pago de los dividendos, más que la simple explicación de que finalmente la aventura llegó a su fin y la pirámide cayó al fondo de su especulativa forma de operar.

Ahora la estrategia es dar largas, interponer amparos y oponerse de cualquier forma judicial a los intentos de los inversionistas por recuperar su dinero.

No fue suficiente con ir y quitarles sus ahorros, engañarlos inclusive en muchos casos para que obtuvieran préstamos para invertir.

Ahora se trata de cerrar el fabuloso negocio como es debido, bajo una estrategia jurídica que cuesta cientos de miles, sino es que millones, irónicamente pagados por los mismos inversionistas defraudados.

En lugar de responder, la empresa ha maniobrado con los bienes inmuebles haciendo modificaciones en algunos de ellos, e iniciando negociaciones con los inversionistas para dar largas y convertir el asunto en interminable. Contrataron un call center y abogados, para dar choro mareador.

El contrato, que es la base del compromiso entre el inversionista y Aras, es un modelo de acto jurídico ventajoso, con ciertos defectos que los perjudican, hasta donde sabemos por las quejas de los mismos defraudados.

Les están proponiendo términos inaceptables de negociación, como firmar un convenio en el cual aceptan no recibir sus rendimientos durante meses, en espera de una supuesta recuperación de la empresa, que jamás llegará.

Nada de esto oculta la realidad. Carece Aras de solvencia financiera hoy y desde antes, así estaba planeado el modelo de negocio, frente a las narices de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En ese juego jurídico, se están interponiendo recursos bajo el argumento de que las personas morales no pueden responder por denuncias penales, y por tanto es ilegal responsabilizarlas del fraude.

Ya se negó la suspensión por el juez de distrito y está por resolverse el amparo en las siguientes semanas. Hubo cálculo de Aras hasta en la defensa jurídica a desplegar en el momento en que todo tronará. Ni modo de pensar otra cosa.

Quieren a toda costa derivar la responsabilidad a los socios accionistas mayoritarios, donde por cierto ya no se encuentra el CEO Armando Gutiérrez, cedió sus acciones desde abril y ya no es el propietario de la empresa. Es más, está desaparecido desde hace varias semanas.

Tras el fraude cometido ahora ha empezado Aras con el pleito ratero en lo jurídico para terminar de sepultar los anhelos legítimos de miles de chihuahuenses y otras personas que acudieron a invertir en un formidable negocio que termina como empezó, de manera ventajosa por parte de la empresa, a quien ninguna autoridad molestó siquiera con el pétalo de una rosa durante los más de dos años en que acumuló una captación millonaria de recursos.

Se están moviendo los abogados de Aras a paso veloz, mientras la autoridad ministerial y judicial le pide permiso a un pie para mover el otro. Es pasmosa y sospechosa la lentitud con que actúan, en claro perjuicio de los miles de inversionistas, que ayer pasaron una muy triste y decepcionante navidad.

A los afectados se suman las demandas laborales, que seguramente acumulan un pasivo importante y son preferentes junto con el fisco en el pago. Nada más falta que los altos directivos también demanden por esta razón. Hay un diseño indudable de estrategia jurídica perversa.

En este contexto, ni modo de no sospechar de funcionarios de la pasada administración que siguen en los puestos ministeriales y judiciales boicoteando el avance de los procesos.

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Son casi 60 días desde que cayeron las primeras denuncias ante la Fiscalía, y ahora son un par de miles las que han sido presentadas.

Los primeros días fueron caóticos, porque sólo eran un pequeño grupo de agentes del Ministerio Público los responsables de levantar una por una las denuncias. Ante la crisis, tuvieron que habilitarse agentes de otros grupos, pero aun así siempre fueron insuficientes.

Se insistió desde la Fiscalía General de Justicia que no se contrataran abogados particulares, ya que no se requería porque habría atención cuidadosa y personalizada y se dijo que no habría vacaciones para nadie con la finalidad de llevar el asunto ante los tribunales antes de que terminara el año…pero nada.

Los afectados han tenido que recurrir finalmente a abogados particulares con el costo que eso significa, para presionar a la Fiscalía; en estos momentos todos están de vacaciones y regresan hasta la semana que entra, aún con los buñuelos y tamales atravesados, mientras los inversionistas enfrentan como agravante la difícil situación de sentirse ninguneados, por unos y otros.

Es increíble que, desde la Fiscalía Zona Centro, a cargo de Carlos Mario Jiménez, se insista a los inversionistas que es mejor llegar a un arreglo conciliatorio con la empresa, cuando como se ha visto, Aras ha desplegado una estrategia abusiva de principio a fin, primero para engatusar a los incautos y arrebatarles su dinero, y después, al asumir una defensa jurídica, legítima indudablemente, pero mañosona en el fondo, para defenderse como gatos patas para arriba en lugar de arreglar el asunto, con la única solución aceptable que no es otra que pagar.

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Va siendo hora que le sean puestos los puntos sobre las íes a la fraudulenta situación, y haya celeridad real por parte de las autoridades, en lugar del sospechoso retraso, que a nadie convence y que sólo abona a la posibilidad de que los afectados jamás recuperen su dinero.

Se han acumulado cientos de denuncias penales, sin que ninguna de ellas, ni una sola, haya sido llevada ante un juez de control para obtener una orden de aprehensión en contra de los responsables y realizar el embargo real, con inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua y otras latitudes, único mecanismo que garantizaría proteger esos bienes en beneficio de los afectados.

En esta como en otras experiencias similares el tiempo es oro, los defraudadores se escabullen, dilapidan los recursos o los ocultan, para dejar, al final de cuentas, con un palmo de narices a  los miles de inversionistas.

El asunto no ha escalado con la seriedad que debiera. Las acciones son tímidas e insuficientes. Están dormidos. En otros casos, con un simple oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera, de inmediato se congelan cuentas, y en esta nada.

La autoridad ministerial está hecha bolas, sólo falta que en una inaceptable complicidad se vaya a dictaminar el no ejercicio de la acción penal o se vaya a hacer de manera deficiente, o se vaya a retrasar aún más sin justificación alguna.

Fuente: Diario de Chihuahua.