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Violencia política de género en Chihuahua

…Hace apenas dos semanas, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Nuestro país tiene un largo camino por recorrer en materia de equidad de género. Diversos indicadores así lo indican: violencia contra las mujeres, disparidad salarial, por tomar dos ejemplos, son signo inequívoco de que en México hay mucho por hacer en la materia.

Nadie puede estar en contra de vivir en una sociedad más equilibrada. Sin embargo, veo con preocupación que en México, las políticas públicas que se van adoptando, son aquellas cuyo propósito es ganar el aplauso fácil, la aprobación de la generación “buena ondita”, y no políticas públicas de gran calado que permitan a la mujer estar en igualdad de circunstancias con el hombre.

Temas (en mi consideración) tan absurdos como el lenguaje inclusivo, son la “lucha” que emprenden muchos grupos para lograr una “sociedad más justa”. Ahora, se ha puesto de moda lo que las autoridades han denominado la “violencia política de género”.

¿Qué es violencia política de género? Al margen de la definición que establezca el derecho positivo, “violencia política de género” se ha convertido en el ariete con el que todos pegan a sus opositores políticos. En pocas palabras, cualquier reconvención o crítica a alguna mujer que ocupe un cargo público, se ha convertido en violencia política de género.

Recuerdo cuando en Chihuahua, la entonces Secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, y la entonces Consejera de la Judicatura, Lucha Castro, hacían, deshacían, y destrozaban vidas desde su posición de poder en el corralato, pues encarcelaron a varios opositores políticos. En ese entonces, particularmente en octubre de 2017, se quejaron de que los medios de comunicación criticaban su actuar arbitrario.

Presto, parcial y tendencioso como era, Santiago Nieto, entonces Fiscal de Delitos Electorales, abrió una investigación para sancionar a quienes ”violentaran” a cualquiera de estas dos funcionarias. En términos generales, se puede deducir que ellas, por el hecho de ser mujeres cobijadas por el régimen de Javier Corral, tenían patente de corso para violentar procesos y refundir gente en la cárcel. Pero si la opinión pública criticaba su actuar público, entonces ellas eran víctimas de violencia política de género. En pocas palabras, no se puede llevar a cabo una crítica a la función pública de una mujer cobijada por el poder, pues cualquier expresión puede ser considerada violencia política de género.

Durante la campaña de la entonces candidata (hoy gobernadora) Maru Campos, no se vio ni a Lucha, ni a Emma Saldaña, ni a ninguna feminista de ocasión, señalar que Campos estaba siendo víctima de violencia política de género. Javier Corral la ha llamado mentirosa, corrupta, mitómana, y ninguno de esos grupos ha salido a condenar o siquiera señalar esos excesos. ¿La violencia política de género es entonces selectiva?

Recientemente, la senadora Bertha Caraveo calumnió al diputado Mario Mata Carrasco. Lo acusó de tener intereses en el tema de la presa (respecto al pago de agua a Estados Unidos) e incluso, señaló que Mata habría incurrido en violaciones a la ley. Cuando Mario Mata responde, y dice que     Bertha Caraveo no entiende del tema, entonces resulta que quien viola la ley es el diputado. Las autoridades electorales justificaron esa tontería.

Parecería entonces que, los legisladores, quienes no pueden ser reconvenidos por sus opiniones, según lo establece el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no son pares, y que una senadora puede calumniar impunemente a un diputado, y éste debe quedarse callado para no ofender a la tiranía de la corrección política.