Sixto Duarte….
Ciudad Juárez.- 2023 fue el año en que el presidente López Obrador se vio más desesperado por consolidar una hegemonía política tendiente a establecer una especie de maximato moderno. Resulta raro que no hubiera tratado de echar a andar su plan en la primera mitad de su gobierno, cuando el bono democrático que tiene se encontraba más alto y cuando tenía una mayoría más consolidada en el Congreso.
Sin embargo debido al temor de perder el poder, López Obrador empezó su plan de apoderarse de las instituciones, a aquellas que alguna vez había mandado al diablo al mismo tiempo que anhelaba con encabezarlas. Primeramente, a través de las reformas político-electorales que estuvo cabildeando desde finales de 2022, hasta el límite temporal establecido en la Constitución.
Primero, promovió una reforma constitucional que prácticamente eliminaba fácticamente al Instituto Nacional Electoral tal como lo conocemos ahora. Reducía el número de consejeros electorales, mutilaba en los hechos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eliminaba la representación proporcional y los gastos de partido. Esto significaría que solamente quienes ostentaran el poder (en este caso, Morena) tendrían manera de sufragar los gastos de sus propias campañas.
Posteriormente al no contar con los votos suficientes en el Congreso, decidió promover un “Plan B” que significaba introducir cambios al órgano electoral a través de leyes secundarias. Dicho Plan B fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el último garante del respeto al orden constitucional en México.
Una vez que ni el Plan A ni el Plan B prosperaron, se ideó el “Plan C” que quiere decir, según su narrativa, no darle ningún voto a la oposición. En pocas palabras, podemos advertir que todos los planes que promovió eran planes electorales, pero ningún plan de gobierno que fue justamente para lo que fue elegido hace más de cinco años. Actualmente se encuentra instrumentando este plan.
Dentro del único tema que el presidente atiende (que es justamente el de las elecciones, no el de gobierno) López Obrador puso el mal ejemplo. Importándole poco el marco jurídico, Morena decidió iniciar su proceso de selección de candidato a la Presidencia (que ellos llamaron eufemísticamente como elección de Coordinador de la 4T) meses antes de lo que la norma electoral establece. Esto trajo como consecuencia que en el marco político, los partidos de oposición no podían quedarse atrás por lo que también iniciaron sus respectivos procesos.
En este tema Morena mostró su desprecio por las instituciones, porque trató de desmantelar el órgano que más trabajo ha costado a los mexicanos consolidar. Mostró igualmente su desprecio por la ley al no respetar el calendario electoral establecido en la norma.
Dentro de la farsa que fue su proceso interno de selección de candidata, resultó electa Claudia Sheinbaum. A la fecha se especula si efectivamente Sheinbaum aparecía mejor posicionada que Marcelo Ebrard. Sin embargo eso lo dicen aquellos que no entienden que la encuesta solamente se hizo ante un encuestado, que es quien vive en Palacio Nacional.
En este proceso el tlatoani interno de Morena que es justamente el presidente decidió antes que cualquiera que aquellos que no resultaran electos como candidatos a la Presidencia, alcanzarían una especie de reintegro al ser elegidos coordinadores de la Cámara de Diputados, de Senadores e incluso Secretarios de Estado. Como si esa no fuera una potestad de los propios legisladores o incluso del próximo presidente, asumiendo que este sea emanado de Morena.
Es evidente con su actuación que López Obrador pretende seguir manejando el poder una vez que concluya su mandato, esperando que su candidata gane. Aunado a todo lo anterior, López Obrador dio dos muestras en este sentido para enviar un mensaje claro.
El primero de ellos fue que impuso a Clara Brugada como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuando había aparecido muy debajo de Omar García Harfuch en la ‘encuesta’ de Morena. Otro ejemplo de lo absurdo y ridículo que son las encuestas. Más ridícula resultó la razón por la que metieron a Brugada, que es justamente el absurdo de la paridad de género.
El segundo mensaje fue la renuncia anticipada de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el fin de que quien postulara a ese Ministro de la Corte no fuera el próximo presidente, López Obrador le pidió a Zaldívar que renunciara y le cediera ese espacio. El ujier Zaldívar, obediente como es ante el poder, renunció. López Obrador nombró en su lugar a Lenia Batres, una licenciada en derecho que no cumple con las credenciales mínimas para ser juez de paz, sin embargo, por amiguismo y compadrazgo llega al más alto tribunal de México. Su única credencial es su lealtad a López Obrador, no a Sheinbaum.
Hablando justamente de este nombramiento, en 2023 vimos que López Obrador no tuvo un mínimo recato en el proceso. Nominó nombres de personas que no cumplían con el perfil para ocupar un asiento en la Suprema Corte. Tradicionalmente en gobiernos anteriores se promovía a ministros capaces con un mínimo de experiencia académica, judicial o legal. En este caso, López Obrador presentó puros nombres impresentables, empezando por el de Bertha Alcalde, quien por fortuna no llegó.
Esto se debe a otro pleito que López Obrador asumió en 2023, que fue su guerra contra el Poder Judicial de la Federación. López Obrador no ha entendido que la función del Poder Judicial de la Federación es justamente controlar el poder, y vigilar que el mismo se ciña a los márgenes constitucionales. Con su ya gastada narrativa de que los juzgadores gastan mucho, intentó sin éxito promover una reforma judicial, misma que fue frenada por la oposición. En este sentido la única alternativa que le quedó a López Obrador fue justamente la de apretar al Poder Judicial de la Federación desde el bolsillo, tratando de ahorcarlos presupuestalmente.
La gente debe de entender que el Poder Judicial de la Federación es la única garantía que tenemos de seguir viviendo en un país medianamente democrático. El restarle autonomía al Poder Judicial de la Federación es poner en riesgo muchas cosas en nuestro país, y tentar las pretensiones dictatoriales de López Obrador y sus secuaces.
Como a López Obrador le estorban los órganos autónomos (como la Corte y el INE) decidió embestir también al INAI, tratando de eliminarlo y deteniendo los nombramientos pendientes de comisionados de dicho instituto, mismos que se encuentran atorados en el Senado por disposición de la mayoría oficialista.
Todo esto en un contexto donde el Ejército interviene en la construcción de aeropuertos que no funcionan, de refinerías que no producen, de un tren que no va a ningún lado, y de una aerolínea que renta aviones. Es decir, en un país que se encuentra militarizado prácticamente en todas las áreas de gobierno.
Estamos viviendo una etapa complicada en el país. En 2023 se superó el número de muertos del sexenio en comparación con los dos presidentes anteriores. Como siempre he dicho en este espacio, la función primigenia del Estado es brindar seguridad. No es organizar rifas de aviones, ni hacer una farmacia en Huehuetoca, ni tampoco construir infraestructura. Quien diga que López Obrador no es corrupto, o es un hipócrita o un ingenuo. Es suficiente ver las concesiones que López Obrador ha tenido con las fuerzas armadas para llegar a la conclusión opuesta.
Un Presidente que golpea a todos los contrapesos que tiene, y que fortalece cada vez más al ejército es simplemente un presidente que trata de mantener el poder a toda costa. México tiene que despertar antes de que sea demasiado tarde. Hago votos porque 2024 sea más alentador de lo que fue 2023.
Aprovecho este espacio para enviarle un saludo a todos mis lectores. Reciban del suscrito un abrazo cargado de buenos deseos, dicha y salud para todos ustedes. Deseo para ustedes que el año que viene sea mejor que el que se va. ¡Feliz Año Nuevo!
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