La restrictiva ley SB 1718 promulgada por el gobernador republicano del estado de la Florida, Ron DeSantis, entra en vigor el 1 de julio. Transportar a personas indocumentadas en el estado ahora será un delito grave. La ley, además, penaliza a las empresas que contraten a migrantes irregulares, restringe la identificación federal y el acceso a derechos como la salud y la educación. Organizaciones de derechos humanos rechazan la ley al considerar que criminaliza a la comunidad migrante.
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