En amparo, recrimina que no respetan su presunción de inocencia….
David Piñón Balderrama / El Diario de Chihuahua
….Chihuahua.- En su demanda de amparo para tratar de evitar el proceso administrativo por presunto enriquecimiento ilícito, el exgobernador Javier Corral reclama violaciones a sus derechos que él mismo cometió durante su administración, cuando fueron imputados por diversos delitos, en el marco de la llamada Operación Justicia.
De cada precepto que aduce Corral Jurado, él mismo fue señalado en años anteriores por otros actores políticos a los que persiguió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su gobierno, entre ellos su antecesor priista, César Duarte Jáquez y su sucesora panista, Maru Campos Galván.
El exgobernador del PRI jamás ha sido sentenciado, después de ocho años en que dejó la gubernatura y cuatro años de permanecer preso; hoy está libre, igual que todos los procesados por la Fiscalía estatal durante el periodo 2016-2021, gran parte por amparos que invalidaron los procedimientos penales estatales por diversas violaciones cometidas por el Ministerio Público.
“Hemos iniciado la operación Justicia parachihuahua, el castigo a los responsables del latrocinio y el resarcimiento a los chihuahuenses del patrimonio saqueado” Javier Corral
“Estamos, apenas, en el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración, exfuncionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto encabezada por el exgobernador César Duarte” Javier Corral Martes 28 de marzo de 2017
Ahora, en su demanda de amparo presentada el pasado 30 de julio, entre los agravios que enlista, reclama violaciones a su dignidad y honor personal; al debido proceso y su derecho de acceso a la justicia imparcial e independiente, así como al principio de presunción de inocencia que debe aplicarse a cualquier acusado.
“Notoriamente los actos reclamados se orientan a imponer ilegalmente al quejoso una inhabilitación con el propósito de impedir que asuma el cargo de senador de la República…”, sostiene el exmandatario, cuando en abril de 2021 forzó y festejó la vinculación a proceso de su entonces compañera del PAN, Campos Galván, a la que pretendía impedir que fuera candidata a gobernadora.
El exmandatario recurrió al juicio de garantías en contra de la gobernadora, por la difusión de supuestos comunicados de prensa y entrevistas en medios de comunicación, en las que la mandataria habría hecho referencia al procedimiento administrativo que le inició la Secretaría de la Función Pública (SFP), identificado como EPRA 049/2024, por posible enriquecimiento ilícito.
Corral reclama de la mandataria “las manifestaciones emitidas con el propósito de dañar mi honor, prestigio y dignidad humana, a través del escarnio y desprestigio público que realiza de manera sistemática mediante declaraciones públicas difundidas en redes sociales y en medios de comunicación”.
Asimismo, se dice agraviado por la supuesta orden verbal dictada a su subalterno, Roberto Fierro, en funciones de secretario de la Función Pública, para instruir un procedimiento de responsabilidades “carente de todo sustento jurídico, como mero instrumento de persecución política a fin de inhabilitar al quejoso para ocupar cargos en el servicio público y así impedir que pueda rendir protesta como senador (…)”.
También señala en su demanda de amparo, indexada en el Juzgado Tercero de Distrito con la clave 1940/2024, al coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, José René Sotelo; al secretario de la Función Pública; al director general Jurídico y de Responsabilidades de la SFP, Gerardo Humberto Franco Baeza; al Congreso de la Unión y al Presidente de la República, a estos últimos por la aprobación y publicación de disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que considera contrarias a la Constitución.
La demanda de amparo fue admitida parcialmente y le fue negada la suspensión de plano, pero le fue otorgada la suspensión provisional para que la justicia federal conozca del caso a profundidad y resuelva si ampara y protege al quejoso; en tanto se realizan las audiencias incidencial y constitucional, previstas para las siguientes semanas, el procedimiento sancionador contra Corral en la justicia administrativa estatal habrá de proseguir.
AGRAVIOS DE CORRAL LOS MISMOS QUE AHORA RECLAMA
“Estamos, apenas, en el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración, exfuncionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto encabezada por el exgobernador César Duarte”, dijo Javier Corral el martes 28 de marzo de 2017.
Cuando habían pasado los primeros seis meses de su administración, así terminaba de crimilizar a Duarte Jáquez, después de incontables menciones y calificativos como “el vulgar ladrón” y “el responsable del mayor latrocinio en la historia de Chihuahua”.
Sin juicio de por medio, sin haberlo detenido siquiera y menos presentado ante un juez, el exgobernador dictaba una sentencia contra su polémico antecesor, a días de haber detenido a los primeros excolaboradores de su administración bajo cargos de peculado: Gerardo Villegas y Javier Garfio Pacheco, quienes terminaron libres años después.
“Hemos iniciado la operación Justicia parachihuahua, el castigo a los responsables del latrocinio y el resarcimiento a los chihuahuenses del patrimonio saqueado”, dijo.
En ese entonces, tasó en seis mil millones de pesos el robo atribuido a Duarte e hizo el compromiso de resarcir los recursos al erario de Chihuahua, pero fue en realidad menos de un 10 por ciento lo que, en otros procesos y con diferentes métodos, recuperó para las arcas del Estado, en contados casos que derivaron en sentencias, algunas de las cuales nunca se transparentaron, aunque supuestamente representaban sumas millonarias recuperadas.
Meses después, en septiembre de 2017, tras la detención de un empresario identificado como Jaime Fong Ríos, Corral presumió en sus redes sociales que el particular capturado, “se le atribuye ser uno de los principales operadores de Duarte, en un gran número de negocios y compras con sobreprecio al Gobierno del Estado, en la mayoría de los casos, aumentando el valor de los bienes hasta por más del doble de su precio real”.
A la vuelta de los años, Fong también saldría librado de las acusaciones.
UNA COSTOSA CARAVANA… SIN RESULTADO ALGUNO
Mientras los reclamos en otras áreas del gobierno de Corral se acumulaban, en enero de 2018, tras la detención de Alejandro Gutiérrez “La Coneja” semanas atrás, el entonces gobernador decidió acelerar los procesos contra duartistas ya detenidos y el exgobernador ya declarado prófugo de la justicia.
Nació la caravana por la dignidad, debido a que “La Coneja” pedía no enfrentar la justicia estatal, que consideraba parcial, sesgada y tendenciosa. El exsenador priista de Coahuila detenido en Chihuahua como parte de la operación corralista, llegó a catalogar a Corral de psicópata y loco por atribuirle una relación de corrupción con Duarte, al que apenas conocía, según lo manifestó en entrevistas posteriores a su encarcelamiento.
En la caravana de 15 días desde Juárez hasta la Ciudad de México, para la cual Corral volaba en aviones del Gobierno del Estado hasta cuatro veces al día, lanzó más expresiones contra Duarte y lo que consideraba la gran red de corrupción que estaba desmantelando.
El cuatro de febrero de 2018, cuando concluyó su caravana en la capital del país, y después de haberse reunido en privado con el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, Corral festejó “el triunfo del pueblo de Chihuahua en su exigencia de justicia”, pues había acordado acelerar la extradición de Duarte y reintegrar supuestos recursos federales recortados a Chihuahua, como venganza por sus reclamos.
En todo el trayecto de la caravana sobraron las acusaciones contra el exgobernador, atribuyéndole dos decenas de órdenes de aprehensión libradas en su contra, por las que habría de ser llevado a los tribunales de Chihuahua una vez preso.
Pero Duarte, capturado en 2020 en Miami, Florida, extraditado en 2022 a Chihuahua, terminaría en libertad en junio de 2024, al no haber sido lograda ni su extradición antes ni el comienzo de un juicio en la justicia estatal, que sigue pendiente de realizarse.
En junio de 2022, Duarte demandó a Corral por la vía civil, acusándolo de daño moral y, entre muchas cosas, alegó violaciones a sus derechos, al debido proceso, al principio de presunción de inocencia y otros preceptos de los que ahora es el exgobernador expanista el que se duele.
PROCESÓ A MARU PARA INHABILITARLA
Javier Corral llegó a la gubernatura en octubre de 2016, al tiempo en que Maru Campos, su entonces compañera panista, llegó a la alcaldía de la capital. En 2018, por una reforma constitucional que recortó el periodo normal de tres años de los alcaldes por única ocasión para empatar las elecciones locales con las federales, Campos fue reelecta, en medio de dos decenas de casos contra duartistas iniciados por la administración corralista.
En todo ese tiempo, el exgobernador no procedió contra la alcaldesa de Chihuahua, a la que abiertamente acusó de ser “beneficiaria de la nómina secreta de Duarte”, un concepto que Corral reveló desde el comienzo de su mandato y por lo que también procesó u ofreció, a través de la Fiscalía General, criterios de oportunidad a los acusados, para que regresaran dinero que les había pagado Duarte de forma indebida.
Fue hasta marzo de 2021 cuando Campos Galván comenzó a ser perseguida por el Ministerio Público, acusada de cohecho.
Era justo cuando comenzaba la batalla interna del PAN para elegir candidato a gobernador entre Gustavo Madero, colaborador de Corral desde el inicio de su administración, y Campos Galván, quien había enfrentado roces políticos con el entonces gobernador, pero no había sido perseguida judicialmente, a pesar de que no tenía fuero ni protección alguna como presidenta municipal de Chihuahua.
“Nosotros hemos acreditado en Chihuahua una batalla frontal a la corrupción tope donde tope, sin excepción del origen partidista de los actores a los que alcanzó la red de desvíos que operó César Duarte”, dijo Corral al ser entrevistado por la periodista Carmen Aristegui, cuando fue dictada la vinculación a proceso de Maru Campos, en abril de 2021.
Desde entonces, la hoy jefa del Ejecutivo sostuvo que era una feroz persecución de Corral para impedir que fuera candidata y, a la postre, gobernadora, justo lo que hoy reclama el expanista, ahora postulado por Morena como senador plurinominal, en su demanda de amparo, con la que trató de derribar el procedimiento administrativo iniciado en su contra, que podría ser el antecedente de una posterior causa penal.
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