Kangaroo Court en México….

Sixto Duarte / Analista…

El término “kangaroo court” o “tribunal canguro” es un término comúnmente utilizado en Estados Unidos, que se ha globalizado cuando se critican las actuaciones judiciales de determinados órganos jurisdiccionales. El origen es incierto, pero sabemos que, cuando la prensa se refiere a un Kangaroo Court, está hablando de un tribunal que desconoce los principios básicos del derecho, del debido proceso, y cuyas resoluciones regularmente son absurdas, y no son apegadas a la ley.

En la historia hemos visto muchos ejemplos de tribunales canguro. Por ejemplo, el Tribunal Revolucionario que condenó a María Antonieta a la guillotina, era un tribunal canguro. El enjuiciar a María Antonieta, con los elementos de prueba fabricados que utilizaron en su contra, evidencia las prácticas en que se incurría en la Revolución Francesa; quizá pudo ser el movimiento político más importante de la historia, sin embargo, desde una perspectiva de respeto a las garantías y al debido proceso, un fracaso.

Los tribunales canguro regularmente tienen la función de impartir justicia, pero están comúnmente alineados a los intereses del poder, o a los propios, nunca a la ley o al debido proceso. En resumen, el tribunal canguro desconoce la ley, el debido proceso,  entre otras fallas procesales que afectan finalmente a la impartición de justicia. Es un tribunal establecido, dotado de jurisdicción, que es ridiculizado, de ahí el nombre que se le asigna.

En la actualidad, al menos dentro del sistema judicial federal, me parece que el único tribunal canguro que tenemos es precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante años se ha criticado la actuación de un órgano que, lejos de ser un órgano imparcial de aplicación de la ley electoral, es un tribunal de negociación política. Desde 2021 los académicos Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes escribieron un libro llamado “Ni tribunal ni electoral” compilando una crítica a este vergonzoso tribunal.

El miércoles pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nuevamente volvió a actuar de forma oprobiosa al otorgar al oficialismo un 20% más de curules respecto a los votos obtenidos en las urnas, creando una distorsión de la voluntad popular que culminó en una supermayoría regalada al oficialismo, misma que les servirá para desmantelar las instituciones públicas, y así la división de poderes.

 Este tribunal resolvió atendiendo a la interpretación gramatical de la Constitución. Sin embargo, en otras ocasiones, este tribunal ha buscado otras formas de interpretación distintas a la gramatical para impartir “justicia”. En su momento Napoleón Gómez Urrutia, Javier Corral Jurado y Nestora Salgado fueron impugnados por contar con doble nacionalidad y transgredir así lo establecido en el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución. A pesar de que la Constitución establece claramente que quienes tengan otra nacionalidad no puede acceder a cargos públicos en México, el tribunal pasó por alto esta disposición.

En el mismo sentido, aplicó de forma gramatical la restricción para aquellos que están prófugos de la justicia, para el caso concreto de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, retirándole su registro como candidato a diputado, sin embargo, aplicó una interpretación distinta para Javier Corral que también está prófugo de la justicia, para permitirle ser Senador.

En el ambiente político electoral se conocen las triquiñuelas en que incurren de manera recurrente y casi pública la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral. En pocas palabras, es un mercado donde se compran y venden voluntades. Los integrantes de este corrupto tribunal fueron comprados, seguramente con dinero, pero además con la promesa de ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma judicial que está a nada de cristalizarse. Si se ven los nombres de alguno de estos magistrados en las listas para integrar la Suprema Corte, entonces usted sabrá estimado lector, que el tiempo me dio la razón. Fue por eso que el oficialismo quitó de la reforma el candado que les impedía a los magistrados electorales participar en las ternas para ministros de la Corte.

Los nombres de Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, y Reyes Rodríguez Mondragón deben ser inscritos con letras de oro en el muro de la deshonra y el oprobio, pues fueron ellos y no los votos quienes dieron a Morena su mayoría. Ellos evidencian lo que es un tribunal canguro.

Debo aclarar que esto es lo que es el Tribunal Electoral, no así la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni los Tribunales Colegiados, ni los Juzgados de Distrito quienes a través de los años han demostrado ser justos, imparciales y preparados.

La reforma judicial que plantea Morena tiene como propósito convertir a todo el sistema judicial mexicano en tribunales y juzgados canguro. Me resulta escandaloso que se esté planteando destazar al sistema que durante treinta años se construyó, a partir de ocurrencias, vendettas políticas, y

Creo yo que incluso más que tribunales (que regularmente funcionan de manera colegiada) podemos hablar también de juzgadores canguro, además de los magistrados antes señalados. Si tuviera que pensar en ministros canguro, podría mencionar a Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y desde luego Lenia Batres. Sin embargo, desde un principio se sabía que ellas atenderían a las directrices que se dictan desde Palacio Nacional. Sin embargo, hay dos ex ministros que también pertenecen al basurero de la historia. Estos son Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero.

Olga Sánchez Cordero nunca ha sido una juzgadora independiente. Me parece más bien que fungió como una amanuense dócil, y no una juzgadora constitucional. El exministro Genaro Góngora Pimentel refirió en una entrevista que Olga Sánchez Cordero no quería fallar en contra del gobierno en varias ocasiones, porque decía que “no sabía si la dejarían hacerlo”. Llegó a la Corte porque jugaba tenis con la esposa del entonces Presidente Ernesto Zedillo, y desde ahí se ha acomodado siempre al poder.

Todos recordamos con pena aquella ocasión cuando siendo Secretaria de Gobernación le dijo a Jaime Bonilla (entonces gobernador de Baja California) que la ley que él había impulsado para perpetuarse “iba a pervivir”. Por fortuna, la Corte no asumió esa interpretación.

 Ahora, desde su cargo de diputada, le da la espalda al sistema judicial del que se benefició, e impulsa la perversa reforma judicial del oficialismo. Asumo que dirá que el Poder Judicial está corrompido, y eso que tiene mucha familia trabajando en ese poder hasta la fecha.

El otro juzgador canguro sería Arturo Zaldívar. Zaldívar llega a la Corte como propuesta de Felipe Calderón. Durante este tiempo, Zaldívar no se dejó presionar por Calderón, situación que celebro, pues justamente la división de poderes es esa. Sin embargo, años después y de una serie de desfiguros y maromas, Zaldívar se puso de tapete ante López Obrador, dejando de lado la imparcialidad que debería tener como juzgador. Episodios ominosos como su defensa de la militarización de la Guardia Nacional dan testimonio de su legado de vergüenza.

Es curioso que sean justamente los juzgadores vinculados a la 4T (por fortuna, una minoría) lo que le dan mal nombre a los juzgadores en México. De pasar la reforma judicial como la plantea, la excepción de ahora, será la regla del futuro y todos los órganos jurisdiccionales serán tribunales canguro.