Por Manuel Narváez N.
…..La pensión que otorga el gobierno de la república a los adultos mayores a través de la Secretaría del Bienestar, puede ser la gran electora en el 2024.
Desde que asumió la presidencia, el titular del ejecutivo federal apostó por decretar la universalidad del pago de una pensión al adulto mayor; entonces, mayor de 68 años.
La legislación en la materia, Ley de los derechos de los adultos mayores establece que;
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta a años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;
Antes de que Morena asumiera la máxima representación social del país, el pago bimensual para el adulto mayor era de $1,160.00 pesos, a través del programa 65 y más. Este sustituyó en 2013 a su predecesor 70 y más.
Claramente la pensión ha aumentado más del 400% en lo que va de este sexenio y, si bien al principio dejó fuera a todas las personas cuya edad oscilaba entre los 65 años cumplidos y los 67 con 11 meses, con relación al sexenio anterior, también es cierto que, como los anteriores gobiernos, ignoró la legislación y discrimina a millones que tienen entre 60 y 64 años con 11 meses de edad.
Como mero dato informativo, este humilde servidor presentó en la LXI legislatura local, iniciativa para que personas con 70 años cumplidos, y que no recibieran ningún tipo de apoyo gubernamental en México y de Estados Unidos, accedieran a una pensión mensual equivalente al salario mínimo vigente.
Por supuesto que la propuesta no prosperó por la férrea oposición de la bancada tricolor que, por conducto del subcoordinador de entonces -hoy moreno convenenciero- bateó porque representaba un GASTO de 1,200 millones de pesos anuales a las arcas estatales. Exagerada la cifra porque no consideró las restricciones.
Tres años antes, con representación social en la LVIII legislatura federal, constaté que el programa Oportunidades durante el gobierno de Fox adolecía de una fuga de capital importante, toda vez que al menos el 12% del padrón de beneficiarios contaba con recursos propios suficientes como para sostenerse sin la ayuda gubernamental.
La publicación del dato me costó el reproche de la delegada federal de aquellos ayeres y de su segundo a bordo, hoy distinguido magnate enquistado en la barca guinda.
En la actualidad, el programa estrella del presidente de México reparte $4,800.00 pesos bimensuales a unos 286 mil beneficiarios de Chihuahua, cuyo único requisito es que tenga 65 años cumplidos.
La universalidad de la legislación beneficia a todos los que cumplen con las reglas de operación; sin embargo, al menos una quinta parte de los beneficiarios viven en condiciones desahogadas, pero aun así cobran periódicamente la pensión.
Conozco dos ejemplos. Uno es el de un gran amigo que, gracias a su dedicación y trabajo, ejerció profesionalmente su vocación por más de 30 años. Goza holgadamente de un retiro bien merecido, pero cobra la pensión que otorga el gobierno de la república. Su argumento para hacerlo es legal y legítimo.
El otro amigo era (DEP) un exitoso profesionista que consolidó un amplio patrimonio. En vida gozó el fruto de su trabajo; viajó por el mundo, adquirió propiedades en zonas de muy alta plusvalía y condujo autos de alta gama. Él, estaba inscrito en el padrón de beneficiarios del adulto mayor.
Ciertamente es difícil debatir sobre la moralidad de cobrar una pensión gubernamental cuando se trata de un derecho consagrado en la carta magna, pero queda la duda sobre el verdadero interés del gobernante para sostener la universalidad de dicho apoyo.
El recurso que se destina en Chihuahua para los adultos mayores es tan descomunal como lo es a nivel federal, y cobra relevancia al considerar que en el estado son casi 300 mil beneficiarios con derecho a voto, donde el 50% ejerce ese derecho, aunado a otro votito que convenza y el vínculo especial que se crea con el “patrocinador”, sin duda cuestiona la equidad y objetividad electoral.
Más allá del colosal recurso que se ahorraría si la pensión se entregara al que realmente la necesita, en nuestro caso ese dinero público ayudaría para arreglar las muy deterioradas carreteras federales y reducir ostensiblemente la escasez de medicamentos.
El TEPJF se pronunció -apenas- el viernes sobre el uso electorero de los programas sociales. Lo hizo de manera tenue, con temor y demasiado tarde.
Este es un monumental dilema para la oposición el próximo año.
Es cuánto.
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