La Columna De El Diario..
No hay antecedente alguno en la historia nacional de un presidente que, al final de su administración, haya podido sacar una reforma, ni secundaria, menos constitucional, como hoy apuesta a hacerlo Andrés Manuel López Obrador, en pocas semanas, el expresidente.
Una síntesis exagerada del sistema presidencialista mexicano muestra que los últimos dos años de un sexenio son caracterizados por el declive de quien ejerce el poder. De manera especial, tras designar directa o indirectamente al que quiere dejar de sucesor, el jefe del Ejecutivo deja de ejercer como tal.
López Obrador rompió ese molde junto con muchos más. En su momento de supuesto declive apuesta a la mayor reforma de su sexenio.
Hoy, la disyuntiva está en si habrá de retirarse de la vida pública o ejercer el poder detrás de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, porque hay señales que hacen válida cualquier teoría.
Antes de eso, hay que marcar estas fechas en el calendario histórico nacional, porque está prevista en la semana la dictaminación en la Cámara de Diputados de la reforma judicial, en lo que son las últimas horas de la actual legislatura.
La ruta que les han marcado a los legisladores morenistas y aliados -los que se van, los que repiten y los que llegan nuevos a partir de la siguiente semana- tiene el llamado Plan C como máxima prioridad, con un timing calculado casi hasta en segundos.
El dictamen de la reforma judicial y, probablemente el que elimina a la burocracia “autónoma”, habrá de pasar en comisiones los primeros días de la semana, para seguir luego con los protocolos de salida de la legislatura actual e instalación de la siguiente.
Después del domingo próximo, primero de septiembre, vendrá la aprobación en pleno con la mayoría sobradamente calificada que tendrán Morena, Partido del Trabajo y Verde, para pasarle por encima a los reducidos opositores.
En el Senado será cosa de salir de compras de tres a cuatro legisladores, hasta inconformes del PRI, del PAN o MC. Así estarán completos los dos tercios para cambiarle lo que sea a la Constitución.
Si no fuera una hazaña una reforma estructural en las últimas semanas del sexenio, penden sobre las cabezas de López Obrador y Sheinbaum dos fuertes amenazas sobre las que también pretenden avanzar.
Una es el paro del Poder Judicial, con 55 mil integrantes, unos cuantos miles muy dispuestos a frenar la administración de justicia (alrededor de mil 600 están en los tribunales federales de Chihuahua y Juárez); ya han dado muestras de tener capacidad de movilización suficiente para poner de cabeza al país, aunque hasta ahora no han tomado medidas más enérgicas.
La otra amenaza es la que, veladamente, hizo del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, al fijar una postura institucional en torno a las modificaciones constitucionales que se avecinan, las que, desde ahora, han provocado inestabilidad e incertidumbre en los mercados.
De hecho, la burocracia judicial federal y la postura diplomática del vecino del norte tienen en común que alientan esa inestabilidad.
El paro judicial en sí mismo afecta la certeza de los capitales, tanto como la previsible reforma que no acaba de digerirse en los mercados, lo cual ha impactado inevitablemente en el tipo de cambio y las percepciones de los inversionistas.
Si fuera poco el conflicto interno, el embajador Salazar no mencionó por nada el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-Mec) en su declaración oficial, sino que lo hizo tal vez hasta en modo de chantaje y presión, con sus respectivos efectos en los indicadores económico-financieros, afectados tanto en México como en Estados Unidos y el mundo por un fenómeno inflacionario anormal padecido desde la pandemia de 2020.
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El aspecto político que incide en la estabilidad económica trataron de atajarlo la presidenta electa y el saliente con la designación muy anticipada de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda transexenal.
Vemos, a la vuelta de unas semanas, que si bien fue una señal positiva para los mercados y los grandes capitales nacionales y globales, también fue insuficiente. No garantizó la transición ordenada, tranquila y estable en materia económica, un renglón siempre colgado de alfileres en cualquier país, dada su dependencia natural a la condición humana, a las conductas emocionales más que a las racionales.
El nerviosismo ganó terreno en el tipo de cambio, que le pegó al peso mexicano con una depreciación de entre el cuatro y el cinco por ciento en el periodo transcurrido entre las elecciones y la semana pasada.
Ese nerviosismo tiene orígenes tanto en la realidad política del país, como en la realidad económica no tan favorable, traída en su mayoría, eso sí, por factores externos a México: inflación persistente que apenas parece dar señales a la baja; caída en el empleo (0.06 por ciento); decremento en el consumo privado (0.08 por ciento) y frenos en la confianza del consumidor, en la industria de la construcción y sus subsectores, entre otros.
Agrava las condiciones económicas un creciente déficit fiscal -ese sí factor enteramente interno, por el gasto disparado en año electoral- ubicado en niveles históricamente altos, del 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto para este año, por encima del cinco por ciento estimado por la Secretaría de Hacienda; y una previsión de que en 2025 sea de un 3.9 por ciento, arriba también de la estimación oficial de 2.5 por ciento del PIB.
Estos son los nubarrones encima del país en este período de transición atípico, en el que el poder cambiará de manos, por primera vez en la historia, sin un quiebre aparente ni un distanciamiento evidente entre el jefe del Ejecutivo que entrega y el que recibe.
Es decir, las condiciones políticas en la transición del poder son por demás favorables para lograr la estabilidad que demandan el crecimiento y desarrollo económicos.
Son condiciones de transición no vistas desde la hegemonía priista de los años del modelo de desarrollo estabilizador, el milagro mexicano de 1954 a 1970; son condiciones que envidiarían las del tránsito de José López Portillo a Miguel de la Madrid, de este a Carlos Salinas, luego a Ernesto Zedillo y las demás transiciones marcadas por amenazas diversas que le añadían nerviosismo a cada final de sexenio.
Sin embargo, no son suficientes ante las señales de crisis que llegan de todos los puntos del orbe, principalmente del mayor socio comercial de México, que enfrenta sus propios demonios en la polarizada elección entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.
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En este contexto, la apuesta económica de la 4T parece ser a que los mercados digieran, resientan y asuman el impacto de las condiciones políticas desde ahora. O se aclimatan, o se…
Tiene cierta lógica esa apuesta: estos entes difusos y emocionales que son los mercados ya visualizaban, desde el tres de junio pasado, tras la elección, el significado de un triunfo arrollador de Morena; ya veían la mayoría calificada en el Legislativo y el Plan C de López Obrador, a quien podrá acusársele de lo que sea, pero no de fallar en sus cálculos electorales que lo guiaron todo su sexenio.
Siendo optimistas, el periodo de volatilidad habrá de extenderse hasta la llegada o poco más allá de Sheinbaum a Palacio Nacional. Tal vez, pues, el peso seguirá presionado y surgirán más focos de alerta, que puedan contenerse bajo la realidad de que los fundamentales de la economía se han mantenido sólidos en el sexenio que nunca nos convirtió en Venezuela del Norte, como auguraban los opositores.
En un escenario pesimista, los factores globales y las amenazas internas podrían revivir, contra todo lo deseado, las crisis sexenales que creemos superadas, aunque sus recuerdos ponen ansiosos a los dueños de grandes capitales que, además, no tienen para dónde huir, dadas las condiciones geográficas, de demanda y de generación de utilidades que todavía tienen en México.
La apuesta política parece ser la de que el Poder Judicial finalmente se resignará a una transformación, como debió resignarse a la eliminación de sus fideicomisos el año pasado, sin que los empleados de base apoyaran al final a la élite que representan jueces, magistrados y ministros.
Pero todo esto es coyuntural, hay retos de fondo que el país habrá de enfrentar en lo que festivamente los morenos celebran como la construcción del segundo piso de la 4T.
El monopolio del poder que tiene Morena -con el Ejecutivo y el Legislativo en sus manos, así como el Judicial a punto de rendirse porque sus protestas no le han dado resultados- tendrá un efecto más duradero, producto del desencanto de una clase política incapaz que bien supo capitalizar desde 2018 el presidente saliente.
El efecto a largo plazo será, muy seguramente, perjudicial porque la concentración del poder deviene de forma inevitable en mayor corrupción y en más ineptitud gubernamental ante la falta de una oposición sólida.
Así, la reforma judicial y las que vienen apuntan a convertirse en una proeza política de Andrés Manuel, que con esto acaba de vencer a una oposición prianista blandengue e insolvente moralmente… lo cual no es garantía de que el cambio venidero sea para bien del país.
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