Sixto Duarte / Analista
“Le vamos a dar un regalo al presidente López Obrador. El regalo será la reforma judicial”, decía Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Varios corifeos del oficialismo, entre ellos el impresentable Félix Salgado Macedonio, han dicho que están de júbilo por el hecho de que Andrés Manuel López Beltrán (hijo del mandatario) aspira a ser dirigente nacional de Morena.
Estas expresiones de fanatismo nos hacen concluir que México parecería que dejó de ser una república de hombres y mujeres libres, para convertirse en una monarquía de súbditos. Parece ser que eso eligió el pueblo de México a través de su voto en junio pasado. El hecho de que la semana pasada se haya aprobado la nociva y perniciosa reforma judicial, nos confirma este extremo.
Desde que asumió el poder, López Obrador ha demostrado que le incomodan mucho los contrapesos. No entiende (o finge no entender) que justamente el fraccionamiento del poder es una de las formas de alcanzar una libertad a favor de los ciudadanos. Es decir, entre más fraccionado esté el poder, el ciudadano goza de mayores libertades.
Dentro de su plan de destrucción del andamiaje institucional de México (con la obvia intención de ganar más poder), López Obrador ha dicho que quiere eliminar al INE (incluso transferirlo al Gobierno), a los organismos autónomos, al Poder Judicial Federal, entre otros. Irónicamente, no trata de someter al único poder que, junto con el crimen organizado, ha visto crecer su influencia en este gobierno: las Fuerzas Armadas.
Es más que evidente que las intenciones de López Obrador en relación con el Poder Judicial de la Federación no es buscar un mejor sistema de impartición de justicia. El plan es someterlo. Una clara muestra de ello es que mientras presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar (otro impresentable), el presidente incluso trató de modificar la ley para permitir que Zaldívar se reeligiera como presidente de la Corte. La presión del Poder Judicial de la Federación pudo más y al final, esta reforma no fue aprobada. En ese momento, parecía que existía algo de pudor por parte de la clase gobernante. Ahora ya no.
Vienen tiempos difíciles para México. El todavía presidente, junto con su mayoría legislativa, han anunciado la aniquilación del Poder Judicial de la Federación, y los organismos autónomos, mismos que derivan en gran medida de compromisos de México con sus socios comerciales, para dotarlos de certezas para sus inversiones.
De manera constante y recurrente, el oficialismo dice que las reformas atienden a políticas de ahorro en el gasto público, a mejorar el sistema de impartición de justicia, y a erradicar la corrupción. Ninguna de las medidas que han promovido resuelven los problemas que dicen que existen. Es decir, no se ataja las causas subyacentes de los problemas.
Morena y sus feligreses señalan de forma constante que el mandato popular que les fue entregado, los habilita justamente a meterle mano a uno de los poderes de la unión, en este caso, el Poder Judicial de la Federación. Nada más falso que eso.
Durante la campaña, Claudia Sheinbaum nunca tomó como propuesta principal la reforma del poder judicial. Quizá acaso haya mencionado de forma marginal el tema. Hoy, al ver la prisa con la que aprobaron una reforma que va en detrimento de México, queda claro que era su principal objetivo, el de López Obrador y Morena, no necesariamente el de Sheinbaum.
Para poder lograr esta “mayoría” que los “habilita” a ejercer “el mandato popular”, Morena tuvo que presionar a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral. De esta forma, el INE le entregó a Morena y sus aliados un 20% más de curules en relación con los votos obtenidos, generando así una sobrerrepresentación que distorsiona el sistema representativo de la Cámara de Diputados.
Posteriormente, amarró con los magistrados electorales que se ratificara la asignación realizada por el INE. El Tribunal Electoral tiene años que se ha convertido en un mercado de voluntades políticas.
Aun con esto, el oficialismo no alcanzaba la mayoría calificada en el Senado de la República, pues había obtenido (junto con sus secuaces del Partido Verde y del Partido del Trabajo) ochenta y tres senadores. Se requiere una mayoría de ochenta y seis senadores para modificar la Constitución (en caso de que la totalidad de los senadores esté presente el día de la votación legislativa).
Para lograr estos ochenta y seis senadores, primero, compraron a los dos senadores del PRD, mismos que habían sido votados por la ciudadanía como unas opciones de contrapeso en el Senado. A pesar de haber llegado por la alianza opositora, llegando al Senado se sumaron al corrupto oficialismo traicionando a los electores quienes los votaron pensando que serían un contrapeso al gobierno.
Ante esta huida, al régimen le faltaba un senador. Los partidos políticos PAN, PRI y MC hicieron un compromiso público de que ninguno de sus senadores avalaría esa reforma y estaría presente el día de la votación, pues todo se decidiría por un voto de diferencia.
El Senador panista por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez se comprometió junto con su bancada para votar en contra de este retroceso democrático. Su suplente es su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. En el mismo sentido, Daniel Barreda Pavón, senador por Campeche por el partido Movimiento Ciudadano, se comprometió a votar en contra de esta reforma.
La maquinaria oficial echó a andar el aparato y a Miguel Ángel Yunes Linares lo presionaron con todas las carpetas que tiene abiertas en las fiscalías de Veracruz y la General de la República. Incluso se habla de que existe una carpeta por temas de pedofilia en su contra. A Yunes Márquez también se le amagó.
Por su parte a Barreda Pavón se le amenazó por parte de la Fiscalía de Campeche con proceder contra su padre y contra su mentor político, el exalcalde de Campeche Eliseo Fernández Montufar.
Días antes de la votación, Yunes Márquez ya no contestaba el teléfono a sus compañeros panistas. Esto era una mala señal para todos.
Finalmente, el martes pasado se aparecieron los Yunes en el Senado, pero en distintos momentos. Yunes hijo no apareció ante el Senado por la mañana por un supuesto problema de salud. Por eso pidió licencia y su padre asumió la senaduría. Subió a tribuna y dio una retahíla de argumentos donde se veía visiblemente nervioso. Era obvio que ya había pactado su impunidad a cambio de destruir los contrapesos al poder en México. Curiosamente, horas después, reasumió su hijo la senaduría (ese que estaba muy enfermo) y votó por destruir al Poder Judicial de la Federación.
En el caso de Barreda pasó algo similar. No le tomó las llamadas a sus compañeros de bancada. Incluso se llegó a especular que estaba detenido junto con su padre en Campeche. La realidad es que su padre fue amenazado para amagar a Barreda a no presentarse a la sesión del Senado, para que así dieran los números al oficialismo y poder pasar una reforma que, con los años terminará afectándolos también a ellos.
Desde el momento que alguien tiene que someter al órgano electoral, al tribunal electoral, y requiere amedrentar y amenazar a senadores de oposición (con tácticas abiertamente gangsteriles), entonces no se puede hablar de un “mandato popular” para lograr un plan como la reforma judicial.
Por su lado, Marko Cortés del PAN quedó mal ante su base electoral. Fueron ellos los que eligieron a los Yunes en Veracruz. De no haber elegido a los Yunes en esas posiciones, seguramente la historia hubiera sido distinta.
Respecto al Movimiento Ciudadano, es evidente que fueron comparsa del gobierno. Desde siempre he señalado en este espacio que son esquiroles del poder. El martes pasado lo demostraron desde el momento que Barreda no asistió.
Yunes y Barreda negociaron su seguridad jurídica a cambio de que sea el pueblo de México el que pierda justamente su seguridad jurídica.
Los nombres de Miguel Ángel Yunes (padre e hijo), Daniel Barreda, junto Sabino Herrera y Araceli Saucedo (estos dos últimos, experredistas) deben ser inscritos en el muro de la vergüenza, el oprobio, la deshonra y la corrupción parlamentaria. Por defender sus intereses personales, le dieron la espalda a los electores que vieron en ellos justamente un contrapeso al inconmensurable poder del presidente.
El único partido que honró el compromiso con la ciudadanía de votar en contra de la reforma fue justamente el PRI.
Ahora, con todos los poderes de la unión concentrados en unas pocas manos, junto con los ejercicios de zalamería cortesana a los que son adictos los miembros de Morena, podemos concluir que México ha dejado de ser una república para convertirse en una monarquía. O si quiere, llámele tiranía, o autocracia. Da igual.
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