El lenguaje vulgar y violento de un gobierno fracasado

Juan Carlos Loera de la Rosa / Político
……Así ha de estar de retorcido el mismísimo Manuel Gómez Morín al ver la falta de un liderazgo o liderazgos que retomen la esencia de su legado: la de formar una conciencia cívica con valores, en contra del egoísmo, la mentira, la palabra vacía y defensora de la congruencia entre el decir y hacer. En fin, transmisores de valores y principios.

“Las ideas y los valores del alma, son nuestras únicas armas; no tenemos otras, pero tampoco las hay mejores”, reza una de las célebres frases de Gómez Morín que ha quedado en el tintero porque ya ni valores quedan. Sí, el frecuente lenguaje vulgar y violento que distingue a la gobernadora de Chihuahua muestra no sólo el desapego que ha ido zanjando con las familias chihuahuenses, evidencía también a una clase política que como oposición y gobierno se alimenta de la hostilidad y la mentira.

Por regla general los insultos desprestigian más a quienes los lanzan, que a quienes van dirigidos. Así quedó demostrado en las diatribas ultraconservadoras que el actual Gobierno estatal ha convertido como estrategia para ocultar la crisis de credibilidad. Es decir, argumentos de quienes carecen de argumentos.

“Ese es el lenguaje de otros”, respondió el Ejecutivo federal a las exclamaciones que el Gobierno del Estado lanzó para reclamar al Gobierno Federal no cumplir su tarea en materia de seguridad frente a delitos del fuero federal.

Pero, ¿qué está detrás de las diatribas ultraconservadoras?

A la fecha, al Gobierno estatal se le desconoce obra pública relevante; presume 50 mil empleos bien pagados cuando el IMSS registró sólo 5 mil nuevos empleos; tumbó la inversión extranjera a pesar de los múltiples viajes al extranjero que con ese pretexto ha realizado al Caribe, Estados Unidos y Europa.

“El Gobierno del Estado clasificó como “información reservada” los vuelos hacia el interior del país y al extranjero, incluyendo contrato de aeronaves, destinos, resultados, gastos y acompañantes. (Zona Free / La Verdad Juárez).

Nadie sabe y nadie supo. Para volar hacia la opacidad, la oposición en el Congreso modificó la Constitución estatal para dar rienda suelta a los lujosos viajes de la gobernadora con cargo al pueblo y borró la obligación de Gabinete de informar todo lo relacionado con dichos viajes.

Y no sólo eso, la mandataria estatal ha viajado más veces a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Las Bahamas que a la Sierra Tarahumara, sobre todo a municipios donde la violencia ha ocasionado desplazamientos forzados y tiene recomendaciones de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH), como el caso Guadalupe y Calvo, Uruachi y Guazaparez.

“Instamos a la gobernadora del estado a brindar la protección y ayuda humanitaria a todas aquellas personas que son víctimas de desplazamiento forzado, otorgándoles viviendas dignas y seguras, prestando especial atención a aquellas que presenten desnutrición o que requieran atención médica inmediata, asistencia jurídica y psicológica”, señaló este 26 de enero la diputada Leticia Ortega Máynez al presentar un exhorto ante Congreso.

Cabe mencionar que en 2019 y en 2022 el Gobierno del Estado de Chihuahua recibió recomendaciones de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender esta situación.

El fracaso en la seguridad no es un caso fortuito. A pesar de gastar 4 mil 710 millones en la Plataforma Centinela, un programa de vigilancia urbana que incluye el uso de miles cámaras en todo el estado, inteligencia artificial, drones, equipos antidrones para neutralizar a los drones operados por la delincuencia, arcos para reconocimiento facial y de matrículas vehiculares, subcentros de vigilancia en Delicias, Camargo, Ojinaga, Jiménez, Parral, Guachochi, Bocoyna, Madera, Nuevo Casas Grande, Cuauhtémoc y Chihuahua; la modernización de 13 centros de inteligencia regionales que serán operados desde una torre de mando de 20 pisos con helipuerto, cuya construcción en Ciudad Juárez se asignó sin licitación, y a año y medio de arrancar su construcción, la obra sigue en ruinas, el Gobierno estatal dice que enfrenta al crimen organizado “con resorteras”.

Al igual que en los viajes de la gobernadora, toda la información sobre “el total de registros, expedientes referentes a los procedimientos de adquisición de los insumos, bienes y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la Torre Centinela” fue clasificada por el Gobierno del Estado como “de carácter reservado” por un período de cinco años (sic. Norte Digital). Es decir, durante un lustro NO sabremos en qué se gastó esa millonaria suma que aún no ha dado resultados en materia de seguridad mientras los homicidios y feminicidios siguen al alza en Chihuahua.

Pero si no funciona para Chihuahua, al menos para el gobernador racista de Texas sí. Recordemos que la gobernadora firmó un acuerdo con el gobernador Greg Abbott en abril de 2022 para poner a su disposición “todos los recursos para detener el flujo de migrantes de más de cien países que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua”. Este acto fue criticado por el propio presidente, al considerar que los gobiernos estatales no tienen facultades para firmar acuerdos en materia migratoria.

Entre las medidas del acuerdo se contemplaba el rastreo de vehículos que cruzan hacia Texas, la incorporación del uso de drones para patrullar la frontera, y el uso de bases de datos con datos biométricos para ayudar en la captura de líderes del narcotráfico. Algo así como 4 mil 710 millones de pesos al servicio de Greg Abbott, el gobernador racista que apenas el 11 de enero de 2024 sugirió ante un medio de comunicación estadounidense que las autoridades de su estado no disparaban contra los migrantes porque la Administración de Joe Biden las acusaría de asesinato. Esperemos que la ejecutiva estatal no se manche las manos de sangre migrante.

Para la Electronic Frontier Foundation, la Plataforma Centinela tiene el potencial de violar los derechos de una de las poblaciones más grandes en la frontera entre México y Estados Unidos. “En la realidad, no hay una vigilancia mexicana y una vigilancia estadounidense: es un monstruo de vigilancia masiva que, irónicamente, en el nombre de la seguridad fronteriza, no reconoce fronteras para sí” (sic. Red de Defensa de los Derechos Digitales).

La gobernadora no ha fracasado sólo en el tema de seguridad. En transporte público subió las tarifas a cambio de unidades nuevas, cosa que nunca ocurrió; ha dejado en el abandono el tema de movilidad en Ciudad Juárez y el BRT; prometió un Seguro Popular Estatal que no existe; ha incrementado la deuda pública a largo plazo, contratando 4 mil 319 millones de pesos de nueva deuda pública a largo plazo durante su gestión, además de siete créditos a corto plazo por 7 mil 350 millones de pesos. Tiene cooptado el Congreso del Estado y el Poder Judicial con titulares identificados con el Duartismo, al igual que la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción. Dice que el Gobierno federal no le apoya, pero ha recibido más participaciones federales que nunca, que son recursos de libre disposición.

Será el próximo 3 de febrero cuando la gobernadora presente su segundo informe de gobierno, que sin duda será una gran lista de mentiras, y ¿por qué no?, de un lenguaje vulgar y violento de un gobierno a todas luces fracasado.