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…..El licenciado en relaciones internacionales y en derecho burocrático –cursada esta última profesión en prisión-, Enrique Antonio Tarín García, pudo sortear las grandes dificultades, incomodidades y presiones de la cárcel, durante largos cuatro años, siete meses, 13 días y ocho horas, pero no pudo con la angustia de un año y unos meses en precaria libertad con grillete electrónico atado a su pie.
En su auto circuló unos minutos la madrugada del viernes, para después saltar, en pijamas del puente en el circuito universitario. Sobre el frío pavimento quedó su cuerpo en un pequeño arroyo de sangre.
Es la tercer víctima mortal del corralato, asociada a los expedientes X, junto con José Lázaro Joaquín López Ramírez y Octavio Acosta Maldonado, fallecidos por causa directísima de la persecución feroz desatada sin escrúpulo alguno, forzando medidas cautelares de prisión preventiva, sacando expediente tras expediente, con todo el aparato gubernamental encima, ministerios públicos, ministeriales y jueces de consigna.
Lázaro falleció por una negligente atención médica por Covid, situación en la cual hay evidente responsabilidad penal en quienes lo dejaron morir, y culpa cuando menos política y moral, de los que ordenaron tal manejo indebido. Desde Javier Corral, hasta César Peniche, el Fiscal y los jueces a cargo, tendrían que enfrentar procedimientos.
Octavio “Tavo” Acosta, secretario particular desde el gobierno de Reyes Baeza, Con César Duarte y después funcionario de medio pelo en educación, se quitó la vida en su casa, preso de la angustia de carpetas abiertas y persecución de los sabuesos de “Paquito” González. Esa es la versión que corrió como reguero de pólvora.
El último en caer bajo esas garras de la presión política ejercida en su momento, y aminorada por un amparo que le dio la libertad en prisión domiciliaria, fue Toño Tarín. Con el apoyo de su familia cercana, pero al fin cada vez más solo, en una crisis económica, sucumbió finalmente, en un contexto donde esos recuerdos de la cárcel no lo abandonaban, como lo dijo en sendas entrevistas con El Diario.
“Había en su rostro una huella del aislamiento, del oscuro y lento transcurrir de los días en reclusión…”, una tristeza delatada por sus ojos.
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Egresado de una institución privada de educación superior de renombre, Enrique Antonio Tarín García, a muy temprana edad, -37 años- formó parte del poderoso círculo administrativo del exgobernador Duarte, al encabezar el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, desde donde eran centralizadas las más importantes y millonarias compras, no sólo de unidades centrales, sino de organismos descentralizados e inclusive autónomos.
Tenía ese Comité el manejo de las compras en medicamentos de Instituto Chihuahuense de Salud, Pensiones Civiles del Estado y Servicios de Salud de Chihuahua, entre 600 y 800 millones de pesos anuales para surtir hospitales y farmacias, así como para brindar los carísimos servicios de atención de tercer nivel como es el caso de la Hemodinamia, cuya contratación también eran centralizados -con sus vaivenes- a partir de finales del segundo año-principios del tercer año de la administración.
De unidades centrales, sólo para dar ejemplo del poder de este Comité, compraba y/o contrataba servicios en materia educativa para la Secretaría de Educación, en 2013, en el capítulo 2000 y 3000, materiales y suministros y servicios generales, 270 millones 678 mil pesos, en las partidas 11169 y 11170, cobertura en educación básica y apoyo institucional al servicio educativo, respectivamente. No todas las partidas eran concentradas en el Comité, porque no podría materialmente hacerlo, pero las más grandes ahí entraban.
Por lo anterior, los tres funcionarios que en la administración duartista dirigieron dicha área, todos relacionados por parentesco o afinidad al exgobernador Duarte, fueron objeto particular de persecución una vez llegado al poder Javier Corral Jurado.
Estaba centrada en el Comité mucha de la atención del grupo armado con el fiscal Francisco “Paquito” González Arredondo, con sus métodos poco ortodoxos de interrogatorio, franca y vulgar tortura psicológica, de la que hoy quedó libre de polvo y paja, hasta el momento.
De ellos tres, sólo Sergio Medina, el primero en ocupar dicha posición, en libertad, pero sujeto a la causa penal 1687/2017, continúa con vida, con graves secuelas en su salud, derivado de la tortura psicológica ejercida durante y después del encierro. Su pecho tiene la cicatriz de las intervenciones quirúrgicas para atender padecimientos cardiacos que ha debido soportar.
Carlos Hermosillo, quien lo sucedió en el cargo, ligado al exgobernador por cercanía en los ranchos y en su actividad pública en diversos puestos, murió en un accidente automovilístico, cuando se desprendió un trozo de rin que lo golpeó en el rostro, al viajar por la carretera corta de Chihuahua a su natal Parral. Si él no pudo ser procesado, sí lo fue su esposa, acusada de enriquecimiento ilícito, a quien se le “extinguieron” bienes por 79 millones de pesos, por resolución del Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio, apenas hace poco más de un mes.
Era en aquel entonces Hermosillo diputado federal, y por el fuero, no podían actuar en contra suya; el suplente era precisamente su sucesor en el Comité de Compras, el joven Antonio Tarín, sobrino del exgobernador, que a sus 27 ó 28 años de edad, lo sustituyó en la titularidad del Comité de Adquisiciones, luego de tres años como administrador del Instituto Chihuahuense de Salud.
Correspondieron a Enrique Antonio Tarín las responsabilidades inherentes al grave cargo de responsable de las compras centralizadas. Era en aquel entonces, en 2013, el presupuesto estatal de 50 mil millones de pesos, apenas la mitad de lo que ahora corresponde a la administración estatal, pero muchísimo dinero el destinado a comprar materiales y contratar servicios.
Tarín no pudo ocupar la diputación en 2017, tras la muerte de Hermosillo, pese a que tenía el derecho de hacerlo. La mesa directiva nunca agendó el asunto en el orden del día, con Javier Corral encima junto con el fiscal, César Peniche.
En marzo del 2017, los días 28 y 29, durmió Tarín en las instalaciones de San Lázaro, para evitar la detención, pidiendo la toma de protesta, que nunca llegó.
Luego abandonó las instalaciones, escondido como llegó, pero con amparo bajo el brazo. Un mes y unos días después, a principios de mayo, fue detenido en la delegación Benito Juárez, por la policía de la Ciudad de México, por una nueva orden de aprehensión girada por un juez de Chihuahua.
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La real academia española define la persecución como aquella instancia enfadosa y continua con que es acosado alguien, pero es la definición internacional encontrada en repositorios de internet, la que más se acomoda a lo que vivieron Toño, Lázaro y Octavio, una violación grave, sistemática y sostenida de los derechos humanos, bajo la apariencia de legales procesos judiciales.
Eso es lo que vimos en el caso de los expedientes X, cuyo fin aún no llega, con varios procedimientos abiertos, con secuelas más vivas que nunca, a grado tal de llevar a un joven profesionista a quitarse la vida, en circunstancias trágicas.
Es Toño, como lo conocían sus cercanos, familiares y amigos, una víctima más de esa persecución por motivos políticos, como el mismo la definió en las dos ocasiones que platico con El Diario. Una mancha sangrienta del corralato.
Diario de Chihuahua.
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