La ley de la selva

Por Sixto Duarte….

“La Ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”…

Montesquieu

En pocas palabras, a partir de esta administración, el gobierno ha intentado establecer la ley de la selva. Por fortuna, existe el Poder Judicial de la Federación que ha puesto un freno a sus pretensiones dictatoriales.

…..En alguna participación que tuvo en el Foro Económico Mundial celebrado cada año en Davos, Suiza, el expresidente Ernesto Zedillo expresó que México necesitaba “Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho”.

Es curioso que fuera el expresidente quien hubiera expresado esa necesidad. Sin embargo, a pesar de lo crítico que he sido en relación con su gestión, estimo que la actual composición del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los contrapesos que le permiten ejercer de forma libre su función, se lo debemos justamente a Zedillo y su reforma judicial.

Lo que los norteamericanos y británicos llaman “Rule of Law” (que algunos traducen como ‘imperio de la ley’) es en realidad el Estado de Derecho del que se habla.

Desde una perspectiva de teoría política, el hombre se agrupó en una sociedad colectiva renunciando a diversos derechos que algunos filósofos del derecho llamarían ‘naturales’, precisamente con el afán de obtener protección de un ente superior, que sería precisamente el Estado a través de sus órganos.

Es decir, lo que distingue a la civilización de la barbarie es justamente las instituciones que garantizan una sana convivencia entre los habitantes de un determinado territorio. Por ello, cuando las instituciones no funcionan, volvemos a un estado peor que el anterior a la creación del Estado. Esto, porque las reglas parecería que aplican a unos y no a otros. Hay quienes están exentos de cumplirlas, y quienes sufrirán las consecuencias de infringirlas. 

El Estado como tal es una ficción creada a partir de diversos contextos políticos. Como hijo predilecto del Estado, se encuentra la ley. Es decir, la ley deriva del Estado y sus órganos. Por ello, desde una perspectiva constitucional, una Constitución será válida siempre y cuando sea cumplida y aceptada por la población de ese Estado. Como producto de esta Constitución, se encuentra la ley, que se aprueba y ejecuta aun en contra de la mayoría.

Sin embargo, a pesar de que la Constitución sea un documento político con bases políticas (y con coacción jurídica y política), el producto de ésta -que son justamente las leyes, que derivan de un proceso de deliberación política- es un producto enteramente jurídico. 

La ley tiene la característica de ser unilateral, vinculante y coercitiva. Nos guste o no, la ley debe aplicarse.

Todo esto, desde una perspectiva académica y filosófica es lo que se conoce como el “deber ser”. Sin embargo, en nuestro día a día vemos que las cosas son más complicadas que esto. 

México es un país con un alto índice de impunidad. A diario vemos hechos violentos que trastocan la vida de millones de mexicanos, a partir de la permisividad oficial bajo el apotegma siniestro de “abrazos, no balazos”. 

El hecho de que haya zonas y regiones del país en donde el crimen organizado es quien controla diversos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, evidencia una falta absoluta de Estado de Derecho y un desinterés del gobierno de atender la función primigenia que tiene encomendada, que es la de dotar seguridad a los gobernados. 

Es decir, en un país donde cada quien parece hacer lo que quiere, la falta de Estado de Derecho impacta negativamente en la vida de sus habitantes. En este sentido, el Estado a través de sus órganos debe de imponerse para hacer respetar la ley. 

Ahora bien, cuando son las autoridades constitucionales las que principalmente violentan el orden jurídico, estamos en un estado casi anárquico. Traigo esto a colación a partir de la postura que ha asumido el Ejecutivo Federal a partir de distintas resoluciones judiciales y administrativas que emiten los órganos constitucionalmente facultados para ello. 

Primeramente, hace unos meses el presidente de la República instruyó a su gabinete a que no atendieran las resoluciones judiciales que les requerían liberar a personas privadas de su libertad, bajo la premisa de que “se trataba de delincuentes”. Es decir, el presidente prejuzgó respecto de la responsabilidad penal de personas acusadas por delitos, e instruyó al gabinete a ignorar decisiones judiciales. 

Como siempre, el presidente sostuvo que los jueces “eran corruptos” y a partir de su estandarte perpetuo de “combatir la corrupción”, estima que sus resoluciones no deben acatarse. Lo mismo había sucedido cuando su propio desafuero, pues el mismo prosperó porque se negó a acatar una resolución de amparo. 

Posteriormente, el presidente se negaba a acatar la decisión del Instituto Nacional Electoral respecto a que el presidente no debería de emitir opiniones de carácter electoral en Las Mañaneras, ni tampoco violentar políticamente a la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. El presidente parece ignorar un presupuesto básico que se enseña desde la primaria: la división de poderes.

López Obrador cree que él puede decidir cuando algo es justo, cuando es injusto, cuando es apegado a la ley o no lo es. Justamente la división de poderes es para evitar la concentración de poder, y que quien ejerce un poder constitucional o legal no tenga frenos o límites en su actuación. 

El ejemplo de López Obrador generó un caos judicial. Justamente la semana pasada, varios juzgadores federales frenaron la distribución de libros de texto por parte del gobierno. En este sentido, la Secretaría de Educación Pública desobedeció el mandato judicial y decidió distribuir los libros, violando de esa manera la resolución judicial. 

Otro ejemplo de ello es el caso de la gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores. En este sentido, Sansores ha iniciado una persecución política en contra de su antecesor. Ha difundido audios editados y tergiversados, ha cateado bienes de su antecesor y ha golpeado políticamente a sus opositores (que incluyen también el partido Movimiento Ciudadano en Campeche).

Varios jueces federales han frenado sus atropellos impidiéndole referirse a su antecesor, anulando diversas diligencias, entre otras. Sin embargo, Sansores se niega a acatar las resoluciones judiciales respectivas, y se asume como juzgadora que determina qué está bien y qué está mal.

Si bien la ley contempla diversos mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones, lo cierto es que se trata de procedimientos lentos, que tardan en ejecutarse.

López Obrador dijo hace algunos meses “no me vengan con que la ley es la ley”. A partir de dicha frase, mostró su talante autoritario y caciquil, que no juega con las reglas, que viola las que no le convienen a sus intereses políticos. Más grave aún, evidenció su profundo desprecio a las instituciones (a las que mandó al diablo hace unos años) y a la división de poderes. Han sido varias las ocasiones en que golpea mediáticamente a jueces que han emitido resoluciones contrarias a sus intereses.

El Poder Judicial de la Federación ha sido el único dique que López Obrador ha encontrado en su afán de destruir México. En eso radica justamente la importancia de garantizar la independencia judicial, pues de otra forma, esto ya se hubiera convertido en una dictadura. Debemos fortalecer al Poder Judicial de la Federación, para que México no se convierta en el país de un solo hombre.

En pocas palabras, a partir de esta administración, el gobierno ha intentado establecer la ley de la selva. Por fortuna, existe el Poder Judicial de la Federación que ha puesto un freno a sus pretensiones dictatoriales.