Activistas señalan mayor impunidad y encubrimiento en casos de desaparición forzada….
Alejandra Sánchez / El Diario
….Chihuahua.- De acuerdo con el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, a nivel estado existe un total de 3 mil 815 personas con reporte de ausencia; mientras que a nivel nacional hay más de cien mil.
Detrás de esos miles de reportes de desaparición y de todos “esos números”, existe una historia, una vida pausada y la constante pregunta: ¿dónde están?, ¿dónde están?…
¿Hay vida después de la desaparición de un ser amado?… para la mayoría de las madres, hijas, hermanas, padres, tíos, tías, amigos y amigas, la respuesta es “no”. La vida continúa…sí, sin embargo, dicen, nada vuelve a ser igual para las víctimas que atraviesan por una situación como esta; nada es igual para aquellos y aquellas que viven en la angustia, en la zozobra y con el dolor de no saber nada sobre su ser querido o de encontrarlo sin vida.
El caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma fue uno de los primeros hechos de desaparición, trata de personas y feminicidio; la última vez que esta joven fue vista con vida fue el 29 de marzo del 2002.
“Son muchos años de ausencia, de tener una silla vacía y de vivir con un dolor permanente en el corazón. Estoy agradecida con Dios por ser mi fortaleza, mi sustentador y mi redentor”, dijo Norma Ledezma Ortega, madre de Paloma.
Tras la pérdida de su hija, quien fue encontrada sin vida en la carretera Chihuahua-Aldama, Ledezma Ortega se convirtió en activista y fundadora de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas (JPNH), la cual hasta el momento, apoya y acompaña a madres y familiares de víctimas de desaparición.
Paloma, quien en ese momento tenía 16 años, salió de su casa el dos de marzo del 2002 hacia el centro de la ciudad, con la finalidad de asistir a su clase de computación. Ese fue el último día que sus seres queridos supieron algo de ella.
Veintisiete días después, (el viernes 29 de marzo), las autoridades le entregaron a Norma el cuerpo de su hija en una caja. En ese entonces solamente había una unidad de delitos sexuales y ahí iban a dar todos los casos, además; de acuerdo con lo que Norma, el personal era muy insensible y no se hablaba del término feminicidio ni de perspectiva de género.
“Mi anhelo era recuperarla con vida; sin embargo, algo me decía que ella ya no estaba en este mundo y la mañana del 29 de marzo del año 2002 llegaron a mi casa policías judiciales y me trasladaron a las oficinas de la Subprocuraduría. Ahí me avisaron que habían encontrado el cuerpo de una mujer en el kilómetro 4 y medio de la carretera Aldama, muy cerca de las instalaciones del C4”.
Ante la sed de justicia, Norma decidió prepararse y estudiar derecho con la finalidad de ayudar a otras madres y padres que viven la angustia de no saber nada sobre el paradero de alguno de sus hijos.
UNA FAMILIA, OCHO DESAPARECIDOS…
La desaparición y el feminicidio de Paloma fue de los más emblemáticos y aunque Norma pudo encontrar a su hija, hay casos en donde los seres queridos no han logrado saber nada e incluso, hay hechos en los que la misma autoridad es quien se los ha llevado, convirtiéndose así en víctimas de desaparición forzada.
El 19 de junio de 2011 fue una de las noches más trágicas para Emma Veleta Rodríguez y toda su familia, quienes fueron atacados por un grupo armado el cual irrumpió en una vivienda en la que se encontraban celebrando el Día del Padre y a quienes en cuestión de minutos y bajo amenazas encerraron a una parte en un cuarto y a otras se las llevaron.
Emma aún recuerda el día en el que ocurrieron los hechos, ese día en el que le arrebataron “lo más preciado que tenía”.
“Se llevaron a mis cuatros hijos, mi esposo, yerno, sobrino y un nieto… yo en ese momento no escuché nada porque cuando a ellos los levantaron, a nosotros nos metieron en un cuarto”, contó en entrevista la señora Emma.
El dolor en su mirada es inocultable y su voz suena entrecortada al recordar esa fecha. A un lado de ella, está su cuñada y su hermano, quienes también perdieron a sus tres hijos y frente a ellos tres, está una de las hijas de Emma y del señor Toribio Muñoz Veleta (ausente).
“Las autoridades no dan respuesta de nada… ya tantos años y nada, estamos como cuando empezamos. Perder a un familiar es muy doloroso, pero perderlos a todos es muy difícil; no tenemos apoyo de nada, ahí nos quedamos en puras promesas”.
Las personas desaparecidas en este caso son: Toribio Jaime Muñoz González, Guadalupe Muñoz Veleta, Jaime Muñoz Veleta, Óscar Muñoz Veleta, Hugo Muñoz Veleta, Nemesio Solís González, Luis Romo Muñoz y Óscar Guadalupe Cruz Bustos.
“Me quedaron tres hijas. Mi hijo mayor tenía 42, Óscar y Jaime eran cuates (hace una pausa y sonríe), ellos tenían 36; Hugo tenía 32 y mi esposo, 60. Nunca hemos dejado de extrañarlos ni de buscarlos”, expresó Emma con los ojos llorosos al recordarlos.
De acuerdo con información publicada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), asociación que acompaña el caso, en la carpeta de investigación existe información sobre el involucramiento de la Policía Municipal. A pesar de la información la Fiscalía de Chihuahua no ha seguido el caso por desaparición forzada.
ALONDRA MARÍA NOLASCO CORPUS
Otras de las desapariciones que sin duda ha conmocionado a la ciudadanía es la de Alondra María Nolasco Corpus quien desapareció hace seis años (el 18 de septiembre de 2017).
Camila, hija de Yesica Corpus Moreno y hermana de la víctima, habló sobre el dolor que vive de manera constante al no saber nada de su hermana Alondra y de haber perdido a su madre en octubre de 2021.
“¿Cuánto dolor puede soportar alguien?, el que mi mamá ya no esté, no quiere decir que a mi hermana ya no la sigamos buscando, eso sólo quiere decir que una persona murió con dolor, y no sólo físico, sino psicológico”.
Camila tenía diez años cuando Alondra fue sustraída presuntamente por Ramiro Córdova Cárdenas, quien era el abuelastro de las dos niñas. Ambas estaban por festejar su cumpleaños número once y diez; sin embargo, esa noche todo cambió.
“Todo fue muy difícil a raíz de lo que pasó; mi mamá dejó de ir a fiestas y de convivir por buscar a mi hermana… Yo la escuchaba llorar y era muy triste porque yo era muy pequeña, luego ella se empezó a enfermar, dejó de comer y de hablarle a sus familiares”.
Según lo que narra Camila, con el paso del tiempo, su madre comenzó con dolores de cabeza de manera constante, se cansaba mucho e incluso subir las escaleras era sumamente difícil para ella.
“A mi mamá le hicieron unos estudios; ese día duraron bastante con el médico y cuando al final salieron, mi mamá estaba llorando y me dijo que tenía un sangrado intenso y que tenía que ir a Urgencias… después de eso no la volví a ver y luego supe que tenía leucemia».
Cuando eso ocurrió, Camila asegura haberse sentido muy triste, sobre todo porque ya tenían planeada su fiesta de quince años.
“El 2 de octubre teníamos planeados mis quince años, y eso pasó antes, así es que todo se canceló y ella no pudo verme con mi vestido”, expresó Camila con voz entrecortada.
Luego de años de una dolorosa búsqueda, la madre de Alondra fue diagnosticada con un tipo de cáncer, que terminó por arrancarle la vida el 14 de octubre de 2021.
“Mi papá, mi hermano y yo hacíamos lo que podíamos, pero mi mamá es la que más la buscaba. Tratar de que tu mamá no te vea llorar o que no se preocupe por ti, no es fácil”.
Tras la muerte de su mamá comenzaron a batallar mucho con el dinero, ya que sólo su papá trabajaba y aunque su hermano le ayudaba, no era lo mismo.
“Además, tampoco hemos tenido avances en la investigación. Yo sé lo mismo que la gente sabe, lo que hay en Internet, no sé más”.
Durante la entrevista, Camila dijo que siempre han tenido más preguntas que respuestas, y que las autoridades no hicieron las cosas como debieron.
Refirió que desde el principio hubo fallas por parte de la Fiscalía debido a que cuando la interrogaron lo hicieron en un espacio cerrado y sin compañía de su mamá; además en una de las pesquisas la pusieron a ella y no a su hermana.
“Yo estaba en unos volantes, en unas pesquisas y a veces la gente me veía mucho o preguntaban cómo me llamaba, pero no era culpa de las personas, era culpa de la autoridad”. Con el tiempo algunos de los recuerdos con su hermana se han ido borrando, pero tiene imágenes en su mente de cuando compartían las navidades y abrían juntas sus regalos.
“Me gustaría mucho que de verdad la gente siga compartiendo la información de mi hermana; que las personas se sigan preocupando por ella y que en algún momento podamos encontrarla”.
Los hechos ocurrieron en el 2017; su madre Yesica Corpus se preparaba para ir a trabajar cuando de pronto se percató de que su hija ya no estaba. En ese momento, inició con la búsqueda de su pequeña de nueve años.
Dio aviso a las autoridades y comenzó a difundir a través de redes sociales que su hija había sido sustraída en la colonia Vistas del Norte.
Tras la denuncia, hubo operativos por la Fiscalía General del Estado (FGE) en los que también participaron amigos y familiares cercanos de la niña; sin embargo, no sé logró dar con su paradero.
El principal sospechoso, Ramiro Córdova Cárdenas, era pareja de la abuela de Alondra y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.
DIEGO OTAMENDI LOZOYA
El 2021, fue un año complicado para los choferes de plataformas que ofrecían este servicio, pues no sólo fue el caso de Diego Otamendi Lozoya, desaparecido el 27 de junio de ese año, sino de otros 6 compañeros.
“La desaparición y el asesinato de Diego para mí como madre y para él como víctima fue muy cruel, no le dieron oportunidad de defenderse; ellos lo bajaron del carro y lo mataron.
Mi hijo era muy bondadoso. Me lo imagino sufriendo, me lo imagino pidiendo clemencia, pidiendo que lo dejaran… ¿Por qué? ¿Por qué le arrebataron la vida?
Todavía no encuentro esa respuesta”, expresó entre lágrimas Claudia, madre de este joven quien en ese momento tenía 23 años y quien fue encontrado sin vida en un predio ubicado en la avenida Zootecnia.
Diego trabajaba como conductor de la plataforma de “Didi” y desapareció tres días antes de ser localizado.
“Yo le dije que se cuidara mucho porque estaba lloviendo, mis últimas palabras hacía él fueron: que Dios te lleve hijo, cuídate mucho, y él me dijo: sí, má, ahorita vengo, desde ahí los mensajes de su madre ya no le llegaron y no pudo comunicarse con él.
Al no saber nada de su hijo, Claudia llamó a sus amigos y a su novia Diana, pero nadie sabía nada de su paradero.
“Eran como las nueve de la noche y yo fui a la Fiscalía a interponer una denuncia, sin embargo, la persona que me atendió no levantó el reporte y me citó al otro día; ahora pienso que tal vez si en ese momento lo hubieran atendido, probablemente lo hubiera encontrado más rápido y los delincuentes no habrían matado a José Ángel (otro Didi quien también fue asesinado)”.
El 30 de junio del 2021, Diego Otamendi Lozoya, fue encontrado sin vida.
LAS PRIMERAS HORAS SON VITALES
Para reportar los casos de desaparición en el estado, ya no es necesario de esperar 24, 48 y/o hasta 72 horas ya que la FGE, tiene que levantar el reporte de manera inmediata, pues las primeras horas son vitales.
“Ya no es como antes que se tenía el protocolo de esperar 24, 48 y/o hasta 72 horas, ahora ya debe de ser de inmediato; desde la persona que pierde contacto con su familiar, siempre y cuando digan que su familiar siempre les responde el teléfono y que está apagado”, reveló Adriana Sarahí Villalba Tarango, coordinadora de la Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía Zona Centro.
Refirió que el Ministerio Público tiene que levantar el reporte y que el horario de atención es de ocho de la mañana hasta las diez de la noche.
“Si vienen a reportar en la madrugada, la persona que está de guardia toma el reporte”.
Informó que al acudir a la Fiscalía es necesario tomar una declaración para saber dónde y desde cuándo no saben de la víctima, si dijo hacía dónde se dirigía y el número telefónico..
“Siempre se trata de localizar a la persona con vida, iniciamos la búsqueda mandando oficios a hospitales, a Seguridad Pública para los recorridos de patrullaje, a medios digitales y la búsqueda por parte de Policía Ministerial y la búsqueda no para hasta que se localiza a la persona”, explicó.
Para interponer una denuncia es necesario llevar una fotografía reciente (de preferencia a color) y saber los datos indispensables como: señas particulares, enfermedades, fecha de nacimiento, ropa que usó por última vez.
En casos donde la ausencia fue voluntaria, el ministerio hace las preguntas correspondientes para posteriormente cerrar la carpeta de investigación.
¿Y LAS DESAPARICIONES DE MUJERES?
Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía de Mujeres, (FEM), señaló que ante la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, también existe el
Protocolo Alba mismo que tiene antecedente en Ciudad Juárez entre el 2001 y el 2002 y e inició más como de carácter práctico. “Éste empezó a organizarse y a montar actividades de protección para las mujeres y las adolescentes que salían a trabajar en las maquilas porque en aquellos años desaparecían en el trayecto de la casa al trabajo y de la casa a la escuela.
Se recuperó esta buena práctica que estaba en Ciudad Juárez y se hizo una norma para que fuera obligatoria para trabajar de manera asimilada en un caso de desaparición”, dijo la titular de la FEM.
El protocolo tiene tres fases: en la primera recopilan todos los datos de investigación que puedan orientar al Ministerio Público y a la Policía de Investigación sobre los entornos con el objeto de trazar una hipótesis de su localización o el motivo de que se hay ausentado.
En la segunda fase se hace pública la ausencia y es ahí cuando se atienden las características particulares de la desaparecida y que no pueden esperar para hacer una difusión pública.
“Ahí ya fue agotada la investigación de los entornos y es en esos casos, cuando las pesquisas se suben a medios de comunicación y cuando se hace una integración con el grupo técnico de colaboración de Protocolo Alba que está conformado por múltiples autoridades de varios niveles de gobierno que coadyuvan para la localización”.
La tercera fase es que cuando queda agotada la parte del Protocolo Alba.
“En ese momento, ya se puede determinar que no se trata de una ausencia nada más sino que hay la posible vinculación a un delito”, refirió la fiscal.
Chávez Villanueva dijo que eso les da la posibilidad de poder encuadrar la propia ausencia de un delito y que, aunque la FEM no ve ese tipo de actividades como propias, sí han tenido algunos asuntos que en la desaparición se advierte la comisión de un delito y es por ello, que le dan seguimiento a esa investigación.
“Ahí está el caso de una menor que por un indicio de una presunta privación de la libertad supimos que un vehículo había abordado a la niña y ya para nosotros había sido suficiente para decir que no nos correspondía porque había una privación de libertad en alguna modalidad, y aun así, decidimos continuar y dar seguimiento para no perder el hilo y porque las hipótesis pues lamentablemente, nos orientaba a que habían ocurrido otras cosas más graves que solo la privación”.
La FEM tardó 48 horas en poder determinar la responsabilidad del que ahora está sentenciado y que quedó sancionado por feminicidio, por trata y por violación sexual de la niña.
‘MAYOR IMPUNIDAD’
Los desafíos en el tema de la desaparición forzada son de los más grandes, ya que, de acuerdo con Ruth Fierro, abogada del Cedehm, es aquí donde existe mayor impunidad y mayor encubrimiento al ser las mismas autoridades quienes se llevan a las personas, omiten información y ocultan pruebas, dijo.
Agregó que aunque Chihuahua es el estado con mayor número de sentencias obtenidas por este delito con trece; eso no es suficiente ya que, en la mayoría de estos casos las familias tienen miedo a denunciar y a los perpetradores.
“En la desaparición forzada se alega o se habla de la participación de fuerzas de seguridad pública; sin embargo, el primer gran problema que tenemos es que no es posible saber todavía cuántas de esas cien mil desapariciones son forzadas”, dijo la abogada del Cedehm.
Dijo que ellas lograron llevar ante la Corte Interamericana el caso Alvarado Espinoza, que es la desaparición de tres personas del Ejido Benito Juárez, del Municipio de Buena Aventura de Chihuahua a manos del Ejército Mexicano en el 2009.
En el país no existen más de 50 sentencias por desaparición forzada. En Chihuahua, según algunos estudios, el último de Impunidad Cero en el 2023, establece que es el estado con mayores sentencias.
“Sin embargo, la crítica es que en estas sentencias ninguna fue para personas de alto rango o con altos cargos, seguimos castigando nomás a quien ejecuta pero no a quien ordena, a quien permite, a quien tolera estas desapariciones con más alto nivel y si seguimos sin sancionar también a quien ordena estas desapariciones, pues no estamos combatiendo el problema”.
¿QUÉ DERECHOS SON VULNERADOS?
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), hay varios derechos que son vulnerados, entre ellos, a la libertad, el cual es la prerrogativa de toda persona de realizar o abstenerse de hacer cualquier conducta, sin más restricciones que las establecidas por la ley. Artículos 1 y 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, afecta el derecho a la integridad y a la seguridad personal que consiste en la potestad que tiene la persona de no sufrir daño en su estructura física o psicológica, o bien, cualquier otra alteración que cause dolor y que éste sea ocasionado a causa de la acción u omisión de un tercero.
El derecho a la igualdad ante la ley, a la legalidad, así como a la seguridad jurídica y el reconocimiento de la personalidad jurídica que implica la obligación del Estado a reconocer formalmente a una persona por el sólo hecho de serlo, procurándole en todo momento las condiciones jurídicas para el libre y pleno ejercicio de los derechos y deberes que en su favor contempla la normatividad.
Uno de los más importantes es el derecho al acceso a la justicia que es la prerrogativa de todo ser humano a ser tratado de manera igualitaria y equitativa ante un tribunal competente, independiente e imparcial, a ser oído públicamente y con las garantías que la propia ley establece, así como a ser juzgado sin dilaciones y dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. De conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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