El exsecretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, la pasa como ánima en pena por diversas ciudades de Nuevo México y Texas
…El exsecretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, la pasa como ánima en pena por diversas ciudades de Nuevo México y Texas. En Chihuahua es perseguido por un delito de los más vergonzosos: corrupción; si nos es permitido clasificar de alguna manera ese tipo de quebrantamiento de la ley.
Ha sido visto al menos en tres ciudades de dichas entidades norteamericanas con posibilidades de ser apresado pero su estatus migratorio ha impedido que por lo pronto le echen guante. Así anduvo meses y años el exgobernador, César Duarte, hasta que fue traído a México y recluido en Chihuahua.
Tuvo el funcionario del régimen de Javier Corral Jurado distintas oportunidades para aclarar una acusación primera relacionada con casi 100 millones de pesos pagados a una empresa para “el manejo de la deuda pública” sin que dicha empresa apareciera en el padrón de proveedores, y lo peor, sin prueba alguna del supuesto trabajo desarrollado. El delito está tipificado como “peculado agravado”, sinónimo de vulgar robo al presupuesto público.
Prefirió Fuentes Vélez huir que aclarar en audiencias la acusación. Presumimos que hizo fuga precisamente porque no tiene ninguna explicación válida y hubiera terminado donde ahora debe estar, en la cárcel.
Este aspecto de la corrupción rampante que si bien fue en particular señalado a la vapuleada administración 2010-2016 encabezada por César Duarte Jáquez, no disminuyó un centímetro en el régimen de su sucesor, Corral Jurado, comprobadamente falso redentor de la moral en el servicio público.
Ese caso de Fuentes Vélez es botón de muestra. Por supuesto no apareció ayer como “logro” en el segundo informe de la gobernadora, Maru Campos Galván, porque jurisdiccionalmente lo lleva la Fiscalía Anticorrupción del estado pero sin la información aportada por el Poder Ejecutivo no habría avance alguno. Es un tema del que mediáticamente ya no se habla mucho en Palacio de Gobierno pero que ha estado más que presente en estos casi dos años y medio de Campos al frente del Ejecutivo del Estado. Ya no vamos a hablar del caos heredado de 11 años (seis de Duarte y cinco de Corral), dijo Maru ayer pero sí
se refirió específicamente a ese período como el “más oscuro de nuestra historia” en materia financiera.
Sus funcionarios en la Secretaría de la Función Pública, conjuntamente con las autónomas Fiscalía Anticorrupción y la propia Auditoría Superior del Estado; y desde luego, la Fiscalía General del Estado, han puesto al desnudo la verdadera naturaleza anómala e ilícita que permeó casi en todas las áreas de la administración 2016-2021.
Por razones más de forma y políticas, sin duda también de conveniencia circunstancial, la gobernadora no se detuvo en desglosar aquellos hechos relacionados con la corrupción u otros delitos de alto impacto pero su área de la Función Pública lleva inscritas más de 700 observaciones o irregularidades diversas cometidas por aquel gobierno. Otras tantas han surgido de la fiscalización llevada a cabo por la Auditoría Superior.
Nada de datos en el informe para no espantar a los aludidos pero los números gruesos y hechos específicos ha preferido dejarlos a los órganos correspondientes que, a veces lento a veces rápido, avanzan en los respectivos expedientes judiciales.
Parecerían estancados dos de los varios casos emblemáticos de corrupción cometidos entre el 2016 y 2021.
Uno de ellos es precisamente el de Fuentes Vélez, que si bien por lo pronto deben ser agotados los procedimientos correspondientes para ser detenido y extraditado a México, la Fiscalía Anticorrupción trabaja sobre diversas vertientes relacionadas con situaciones patrimoniales y con varios expedientes más sobre casos distintos al que ahora lo mantiene a un paso de las rejas.
Hay asuntos igualmente derivados de la Auditoría Superior del Estado relacionados con el propio manejo de la deuda pública estatal, más pagos a proveedores sin comprobantes e igual por decenas de millones de pesos, falta inexplicable de pagos también a proveedores y la desviación de cientos de millones de pesos correspondientes a los presupuestos de las universidades Autónoma de Chihuahua y Autónoma de Ciudad Juárez, que aún no se reponen del golpe.
Mucha de esa información debe aparecer detallada en los anexos del informe que presentó la administración de Maru el miércoles al Congreso del Estado pero que además ha sido del dominio público desde que las anomalías saltaron ya sea por la Auditoría o hasta por investigación de los medios de comunicación.
Otro de los casos en ciernes sobre combate a la corrupción y que por cierto surgió de una investigación periodística llevada a cabo por El Diario es la detención del amigo íntimo de Corral y su coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo. Está en la cárcel acusado de robo al erario por cerca de 10 millones de pesos. Varios(as) cómplices permanecen en libertad condicional.
Aunque Pinedo sigue recluido en el Cereso de Aquiles Serdán, su expediente continúan siendo engrosado con otros elementos que podrían cambiar la situación legal de sus cómplices, una de ellas administradora en su momento de Comunicación Social y responsable de la autorización de pagos.
Otro caso representativo del quinquenio susodicho tiene qué ver con otro tipo de corrupción, no particularmente relacionado con sustracción de dinero, y que implicó amplio trabajo científico pericial para un primer desenlace, la detención por el delito de tortura de quien fuera el Fiscal de los llamados expedientes X de Corral contra el duartismo, Francisco González Arredondo, preso también por un corto tiempo y actualmente en libertad por modificación de la medida cautelar ordenada por un juez federal.
Igual que los anteriores exfuncionarios, el célebre “Paquito” libró con un amparo la cárcel pero no se ha librado del proceso con todo y que haya sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a razones evidentemente políticas, ni ha sorteado otros expedientes que siguen su curso por delitos cometidos contra procesados por su equipo e interrogados y presionados por él mismo.
A otro que le cambiará en cualquier momento el rumbo de su caso, o de sus casos, y que forma parte de los asuntos que exhiben la extraordinaria falta de decencia en el gobierno anterior, es al exsecretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, alias “El Higadito”.
Dicho individuo fue llevado a la cárcel por cometer severas irregularidades en el manejo de 400 millones de pesos, aceptó ser sujeto de criterios de oportunidad para revelar información sobre sus cómplices y obtuvo como beneficio el cambio de medida cautelar de prisión a libertad condicionada.
Fue uno de los protagonistas principales en el “caos financiero” ocurrido en el quinquenio señalado ayer por la gobernadora. Manejó créditos, intereses, comisiones y gastos como si se tratara de dinero suyo y de su jefe.
Toda esa y más corrupción está siendo combatida por la presente administración estatal que ha decidido mantenerla en el bajo perfil de los órganos técnicos. De ahí que la Función Pública prácticamente no haya existido para efectos del segundo informe.
Diario de Juarez.
www.diario.mx
Deja un comentario