Está detenido desde febrero; piden revisión de medidas cautelares…
Luz del Carmen Sosa/El Diario de Juárez
…..Ciudad Juárez– La defensa de Julián Ricardo C. G., apodado “El Roque”, acusado por el delito de privación de la libertad con penalidad agravada en perjuicio de trece personas, desaparecidas el 25 de septiembre en Coyame del Sotol, solicitó ayer ante el juez de Control la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por el juez Antonio Coss Araujo.
El juzgador se excusó de celebrar la audiencia por lo que estuvo a cargo el juez Luis Javier Ortiz Beltrán, quien solicitó al Instituto de Servicios Previos al Juicio el estudio de análisis de riesgo procesal, por lo que la próxima audiencia de la causa penal 4251/22 fue fijada para el 11 de septiembre, dio a conocer personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Julián Ricardo C.G. ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 el pasado 28 de febrero y fue vinculado a proceso el 5 de marzo de este mismo año por el delito de privación de la libertad con penalidad agravada en perjuicio de: Javier Ricardo López Rodríguez, de 38 años; Amador Aguilar Mendoza, de 54 y Emmanuel Aguilar Bailón, de 25 años, todos de Chihuahua.
Ciudad Juárez– También de Lorenzo Abraham González Mendoza, de 32 años; Benigno Alberto Álvarez Castro, de 36; Luis Carlos
Islas Villegas, de 30; Daniel Villa Rascón, de 34; Víctor Hugo Acevedo Flores, de
36; Obed Gonzalo Venzor Sánchez, de 33 y José Luis Pallares, de 47 años, también procedentes de Chihuahua.
Además de Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de Querétaro; Elías Girón Mateo, de 31 años, del Estado de México; Alán Ricardo Salas Torres, de 23 años y nativo de Durango; así como una menor víctima de identidad protegida.
Según los hechos narrados por el Ministerio Público (MP) durante la audiencia inicial, celebrada el pasado mes de marzo, entre el día 25 de septiembre del 2021 a las 21:00 horas y el 26 de septiembre a las 01:00 horas, Julián Ricardo C.G. y personas aún no identificadas portaban armas de fuego al momento de interceptar a las víctimas en la brecha Valle de Juárez, intersección Lomas de Arena y
Coyame del Sotol, en el municipio de Guadalupe.
Las personas viajaban a bordo de una camioneta tipo pick up marca GMC, de color arena con una franja negra, modelo 1999 y matrículas EE56034 y tras interceptar la unidad bajaron a las víctimas y les apuntaron con la armas y las tiraron al piso al tiempo de amagarlas para que no se movieran.
Los agresores les quitaron sus aparatos celulares, coartando así su libre movimiento e impidiendo su comunicación, dijo la representación social.
Posteriormente ataron a las personas de las manos con cinta adhesiva, incluida a la menor, para posteriormente subir a todas las victimas a los vehículos que conducían y trasladarlas a un lugar desconocido.
Hasta ese momento, la autoridad investigadora desconocía que las víctimas fueron privadas de la vida e inhumadas en una fosa clandestina cavada en un predio ubicado en El Mimbre, municipio de Coyame del Sotol, donde fueron localizadas las osamentas el pasado 24 de agosto.
El juez Coss Araujo resolvió vincular a proceso al acusado y solicitó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual termina el próximo martes 5 de septiembre de 2023.
Familiares de las víctimas informaron ayer que están en espera de una fecha para sostener una entrevista con el fiscal de Distrito Norte, Carlos Manuel Salas, el cual se encontraba viajando, según lo que les fue informado al momento de pedir la audiencia.
Antecedentes de acusado
El archivo periodístico refiere que en año 2014 Julián Ricardo fue detenido en un operativo realizado en el Valle de Juárez por elementos de la Fiscalía General del Estado, apoyados hasta los límites de Juárez por agentes municipales.
El acusado de privación ilegal de la libertad fue detenido entonces en supuesta posesión de 21 envoltorios de mariguana; entonces Julián Ricardo C. G. tenía 23 años en un operativo realizado en la zona rural tras el ataque contra policías en el ejido Jesús Carranza. Junto a él fueron detenidos los hermanos Rodolfo, Arturo y Luis Carlos B.L. y Alfredo M. M.
Luego de su arresto fueron aseguradas las ocho armas largas del calibre 7.62 x 39 milímetros y cinco chalecos tácticos, uno de ellos con el emblema de la Policía Federal.
El entonces fiscal, Jorge González Nicolás, los relacionó directamente con la delincuencia organizada.
“Desde luego que pertenecen a un grupo delictivo, son delincuentes, nos queda claro que son narcotraficantes, pertenecen a la delincuencia organizada”, sentenció e hizo de lado la presunción de inocencia de las personas detenidas, cita la nota periodística consultada.
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