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El documental “La farsa. Una obsesión sin límites” apenas cumplió con la expectativa de su proyección en cine, al reunir principalmente a los protagonistas, familiares y amigos de los duartistas presos durante la administración de Javier Corral, creador de la fracasada “Operación Justicia” que consumió su gobierno.
El video de la autoría de Gilberto Mauricio Romero -publicista, cineasta y productor de los informes de César Duarte, además de otros materiales multimedia de diferentes gobiernos- llegó en un momento oportuno al timing político-jurídico marcado por el huésped más conocido de Aquiles Serdán.
Puso de relieve, en una coyuntura importante para el estado, las verdades de 25 acusados de corrupción de la administración duartista; las verdades de ellos, que no necesariamente los exoneran ni los hacen inocentes de los delitos que cargan, no con una sentencia formal encima, pero sí con una sentencia social imborrable.
Esas versiones de quienes fueron imputados y padecieron el castigo previo al juicio que representa la prisión preventiva no coinciden con las verdades jurídicas, pero tampoco con las armadas en la Casa de Gobierno, convertida, durante la administración pasada, en la guarida de los agentes del Ministerio Público hoy acusados de torturas y extorsiones para sostener sus casos en tribunales obsequiosos.
El fin de la producción -presentar esos testimonios directos de lo que vivieron los duartistas perseguidos por Corral Jurado en papel de policía vengador- finalmente se cumplió al proyectarse en las salas de cine y preparar su arribo a redes sociales, que seguramente le darán más alcance.
En términos sencillos fue una producción a modo, pero igual, a modo, estuvieron la Fiscalía del Estado que Corral encabezó para perseguir a esos criminales exfuncionarios, mientras el otro crimen lo rebasaba y le restregaba en la cara su ineficiencia para gobernar.
También a modo estuvieron jueces estatales, agentes del MP y millones de pesos gastados supuestamente en recuperar lo robado, aunque jamás fue visto un peso de eso en las arcas públicas.
La dramatización de los casos de los Marcelos, los Raymundos, las Lupitas, los Gerardos, etcétera, es apenas comparable a la de Corral Jurado y su fiscal Francisco “Paquito” G., cabeza de los abogados de la FGE que también lucraban con las causas penales. Actuaciones igual de dramáticas ante la opinión pública.
Más allá de eso, el documental llegó en un momento en que la prisión contra el exgobernador comienza a parecer excesiva tanto en círculos políticos y jurídicos de la administración estatal, así como en la gestión federal, cuyo peso es determinante para mantenerlo recluido en el Cereso o liberarlo.
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Salvo el reciente caso del exlíder juvenil del PRI y exdirector del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Christopher James Barousse, no hay más casos de exfuncionarios ligados a César Duarte que hayan sido liberados por exoneración.
El expediente terminó siendo desechado por la justicia estatal ante una desastrosa presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. Hasta parece haber sido dejado caer a propósito, debido a que la única forma de ligar al acusado con el delito de peculado era una persona, su familiar, que murió hace tiempo.
Así, la causa penal se derrumbó ante un tribunal de enjuiciamiento oral que durante más de un mes presenció cómo los representantes de la Fiscalía hacían un ridículo tras otro, entre los meses de febrero y marzo de este año, para después invalidar toda la carga probatoria contra el priista.
Fuera de este caso, los protagonistas del documental “La farsa” y otros que ya no han salido de sus madrigueras, nunca fueron declarados inocentes. Están libres por deficiencias de la “Operación Justicia”; por la holgazanería corralista extendida a todo su equipo; por recursos judiciales federales que determinaron la existencia de violaciones al debido proceso y por otros factores que demeritaron las causas.
En este entramado, hay casos de verdaderas aberraciones jurídicas en medio de los que fueron altos funcionarios. Son historias crueles y por demás lamentables que el sistema de justicia permitió que pasaran.
Desde un fugaz secretario particular llevado a prisión por supuestamente haber hablado al hangar para trasmitir una instrucción de Duarte, con el fin de mandar un avión estatal a recoger a sus hijos a Cancún; hasta un exempleado de bajo nivel de Hacienda acusado de peculado, por llevar a firma oficios a los altos funcionarios duartistas. Ambos fueron sentenciados de facto con la prisión preventiva.
Ni qué decir del caso de José Lázaro Joaquín López, exdirector del Fideapech, muerto por no recibir atención médica oportuna en tiempos de la pandemia, medida humanitaria que ni al peor criminal debió habérsele negado. Preso sin sentencia, su deceso terminó exonerándolo de cualquier delito, pero ni esa inocencia postmortem le fue reconocida por el corralato. La psicopatía no distingue buenos de malos, la autocrítica es inexistente.
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No hay, entonces, inocentes declarados mediante sentencia en firme en tribunales, sino imputados que ahora son acusadores, en medio de un mar de delitos dejados en la impunidad por una gestión penal deficiente, orientada a todo, especialmente a dar golpes publicitarios, pero nunca a hacer cumplir la ley.
Lo que vimos en el documental “La farsa…” de Gilberto Mauricio fue la larga cadena de excesos y faltas al debido proceso penal que la administración corralista cometió contra los que él aseguraba eran los cómplices del “vulgar ladrón” detenido por los marshalls de Estados Unidos en Miami, Florida, en julio de 2020.
Todos en libertad, después de cinco años de sustos y temores fundados, hablaron ante las cámaras lo que habían comenzado a hacer público desde que lograron sus primeras victorias en los tribunales. Ninguno con sentencia a su favor en cuanto a lo sustancial de las acusaciones, pero sí con recursos jurídicos tangenciales que vencieron las cautelares de prisión preventiva.
En la contraparte está un parásito de apellidos Corral Jurado, sin la mínima dignidad, sin los mínimos arrestos, para enfrentar a quienes ahora lo cachetean cada vez que lo ven, ante lo cual calla y agacha la cabeza porque su palabrería sólo le sale cuando enfrenta escenarios cómodos.
El parásito quiere acumular tres décadas de vivir a costillas del erario, la mayoría como plurinominal, a pesar de su fracaso demostrado en Chihuahua, de su incapacidad, aderezada con la obsesión, el ego patológico y el afán de protagonismo, para llevar a buen término lo que fue su única prioridad como mandatario estatal.
Fue la obsesión y la farsa del exgobernador lo que hundió los procesos penales que, muy seguramente, tenían sustancia, elementos, evidencia suficiente para un trabajo profesional de investigación que pudiera sostener con la debida seriedad las respectivas causas penales. No hubo tal.
Después de millones de pesos destinados a la persecución, luego de castigos tan brutales como la prisión aplicados de forma injustificada y previa a un juicio justo, la “Operación Justicia” cayó por su propio peso, desde antes del fin de la gestión corralista.
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La apología del duartismo que hace el documental estrenado el fin de semana, al exhibir la realidad a conveniencia de los protagonistas, llega a reforzar los intentos de Duarte Jáquez de no llegar preso al juicio oral por la acusación peculado que enfrenta.
Amparo tras amparo para tratar de vencer resoluciones de la justicia estatal que lo mantienen recluido en el penal; amparo tras amparo para invalidar cualquier otra causa en contra además de la que llevó a su extradición dos años después de su detención, le han abonado a esa idea, como lo hace “La farsa…” y los precedentes jurídicos sobre la prisión preventiva.
Con la salud deteriorada -aunque algunos creen que es también parte del dramatismo político del que hacen gala corralistas y duartistas-, la idea de la liberación del único exgobernador que ha pisado una prisión,va en aumento.
Claro, su reclusión o liberación va más allá de criterios jurídicos; entran en el terreno de lo político, en medio de un proceso electoral de posiciones muy definidas en dos bloques, tan desgastados uno como el otro, pero ambos obsesionados con el poder.
Entonces, no porque lo consideren inocente, pero sí porque la medida cautelar de prisión preventiva comienza a parecer excesiva, es que tanto en la administración estatal como en la federal ven muy cerca la liberación del exgobernador. Si no fuera por el peso político de la decisión, tal vez ya estaría en su casa.
Diario de Chihuahua.
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